La Fiscalía pidió la inhibición del juzgado de Posadas y el traslado de la causa al TSJA por la condición de aforado de Sánchez Gordillo / Agencias

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidirá si asume la causa abierta por la ocupación a finales de agosto del Palacio de Moratalla en Hornachuelos, Córdoba.

La Fiscalía demandó la inhibición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas, que abrió diligencias aunque no hay imputados, y solicitó el traslado de la causa a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA. La demanda del fiscal, que ya ha sido atendida por el juzgado cordobés, responde a la condición de aforado del diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien participaba en la marcha obrera junto al portavoz del SAT y ex alcalde de El Coronil, Diego Cañamero, y centenares de ciudadanos.

El TSJA deberá emitir en los próximos días una resolución  “si admite esa inhibición o devuelve la causa porque entiende que no corresponde”. La marcha organizada por el SAT accedió de manera pacífica al recinto del Palacio de Moratalla en Hornachuelos a mediodía del 21 de agosto. Los agentes de la Guardia Civil permanecieron en el exterior del recinto a la espera de la orden de desalojo, que no se produjo al no mediar denuncia el propietario del palacio, habilitado como hotel, hasta última hora del día. El propietario habló con los manifestantes asegurando que no denunciaría los hechos “mientras los ocupantes no hicieran daño a la finca”. La jornada transcurrió sin incidentes, y los manifestantes del sindicato continuaron su marcha por la provincia de Córdoba a primera hora de la mañana del 22 de agosto.

Según trascendió, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llamó por teléfono al propietario para instarle a presentar una denuncia por la ocupación de los ciudadanos del SAT. Unas semanas antes, el ministro del Gobierno de Mariano Rajoy ordenó el ‘arresto’ del diputado andaluz  Sánchez Gordillo por un acto-protesta en el supermercacdo Mercadona con el SAT.

La Guardia Civil abrió una investigación para conocer si la ocupación estaba ‘pactada’, debido a que el propietario no tenía voluntad de denunciar. El ministro explicó al propietario que si no presentaba una denuncia la Guardia Civil no podía llevar a cabo el desalojo en caso de la comisión de delitos.

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Equipo de redacción de Sevilla Actualidad