El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, ha reiterado hoy ante la comisión de los ERE que “ahora no pueden quejarse de que no fueron advertidos». El consejero Antonio Ávila cifra en 17 millones de euros el fraude de los ERE desde 2001 a 2011.
Continúa la comisión que investiga en el Parlamento de Andalucía la trama de presuntas irregularidades en la aprobación de expedientes de regulación de empleo por parte de la Junta de Andalucía. Esta mañana ha sido el turno del ex interventor de la Junta, Manuel Gómez, y del actual consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila.
Así, éste último ha cifrado en 17 millones de euros el volumen del fraude de los 241 perceptores incluidos en los ERE entre 2001 y 2011 en Andalucía. De esta forma, de los 81.464 trabajadores afectados por ERE, el 7,9% recibió ayudas públicas de prejubilación y de estos, un total de 241 personas, el 0,29% del total y el 3,7% de los perceptores de ayudas, contienen alguna irregularidad.
Con estos datos en la mano, el actual consejero ha hablado de una proyección “interesada” de “sombras” hacia un instrumento como los ERE en un periodo en el que, dijo, “también hubo luces”, aunque reconoció que «una sola irregularidad es criticable».
Ávila se ha referido a una «injusta criminalización» del instrumento, «a veces interesada y partidista», cuando los ERE se han utilizado «profusamente» en otras comunidades y por parte del Gobierno central. Por ello, ha insistido «aunque no debe permitirse ni un sólo caso de uso fraudulento de fondos, no es menos cierto de que en cualquier sociedad hay reglas de comportamiento, pero el mero hecho de que existan no significa que se cumplan, por eso también hay sanciones y códigos penales».
«No pueden ser calificados como fraudulentos los ERE ni el apoyo a los trabajadores, esto no contribuye al esclarecimiento de nada y entorpece la resolución y es nocivo para la imagen y proyección de Andalucía y de los andaluces, y más cuando es falso», ha dicho.
Manuel Gómez: “El marco era legal”
Tras Antonio Ávila ha pasado por la comisión de investigación en el antiguo hospital de las Cinco Llagas el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez. Éste ha asegurado que las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda debieron «tomar medidas» cuando la Intervención General le remitió el informe en el que este órgano detectó «graves deficiencias» en el procedimiento de gestión de las ayudas.
Gómez, que dirigió la Intervención General entre 2000 y 2010, ha insistido en que Empleo, por «sentido común», debió «tomar medidas» al respecto porque «sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas» y, en lugar de llamar a los bomberos, «esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico».
Explicando ante los grupos el procedimiento, ha recordado que las ayudas las otorga la Consejería a través de la Dirección General de Trabajo y que el Instituto de Fomento de Andalucía –posterior agencia IDEA- es “un mero mandatario del pago”. “No solo fue respaldado en el presupuesto de la Junta de Andalucía, que es el principal instrumento de legalidad de financiación de la Administración autonómica», sino que, además, «todas las cuentas generales de la Junta son de general conocimiento y están a disposición de cualquier ciudadano en Internet desde 2001», ha dicho.
Por todo ello, Gómez ha insistido una y otra vez que el marco general de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta “es legal”, pero que lo que se produjeron fueron “hasta 15 errores, incumplimientos y deficiencias” que “son atribuibles a la Consejería de Empleo».
De esta forma, una de sus frases resume perfectamente su postura ante la comisión de investigación. «Quienes tenían que haber tomado las decisiones no las tomaron. Ahora no pueden quejarse de que no fueron advertidos», sentenció.