Junta, comerciantes, sindicatos y consumidores respaldan el recurso.
La Consejería de Turismo y Comercio, la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), los sindicatos UGT y CC.OO., y las organizaciones de consumidores Facua, UCE-UCA y Al-Ándalus han firmado en Granada una declaración conjunta contra la liberalización de horarios comerciales aprobada por el Gobierno central porque «invade» competencias autonómicas y supone un «ataque frontal» al sistema andaluz vigente.
En este sentido, la citada declaración recuerda que Andalucía dispone de un modelo de horarios comerciales que «garantiza el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores», así como «la convivencia de la pluralidad de formatos existentes». Además, destaca que este modelo cuenta con el «consenso» entre la Administración autonómica y los agentes socioeconómicos.
La Ley de Comercio Interior de Andalucía autoriza la apertura en un máximo de ocho festivos y domingos al año y de 72 horas semanales. Además, fija un régimen de libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, tiendas de conveniencia y establecimientos de estaciones y aeropuertos. También dispensa de la restricción determinados periodos de las zonas declaradas de gran afluencia turística.
El texto denuncia que el Real Decreto-Ley del Gobierno «no aumenta el consumo, sino que traslada las compras del comercio de proximidad a los grandes distribuidores». Al respecto, insiste en que, en estos momentos, «existe un estancamiento de la demanda, pero la oferta se mantiene», por lo que las medidas «pueden suponer una ventaja» para las multinacionales y la «desaparición de pequeños negocios familiares».
Igualmente, en materia de promoción de ventas, los firmantes aseguran que las medidas del Gobierno de la Nación, como la eliminación de los períodos de rebajas y la menor exigencia de condiciones en relación a los productos ofertados, es «una auténtica desregulación» que supondrá un «perjuicio para el pequeño comercio y una minoración de las garantías del consumidor, lo que generará incertidumbre y riesgos».
También subrayan que la subida de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que afectan al sector del comercio «mermará el poder adquisitivo de los consumidores y lejos de reactivar la economía, empobrecerá aún más a la población, limitando su poder de consumo». Esto provocará «el cierre de numerosos establecimientos que están resistiendo a duras penas la crisis económica», argumentan.
Por todo ello, la declaración considera que el Real Decreto-Ley constituye un «ataque frontal contra el actual sistema de equilibrio comercial» de Andalucía, así como una «invasión» del Estatuto de Autonomía. En este sentido, los firmantes expresan su apoyo a «todas aquellas medidas» que adopte la Junta y a la interposición de un recurso de insconstitucionalidad en defensa de las competencias exclusivas de la comunidad.
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, defendió el modelo actual de regulación de horarios vigente en Andalucía e insistió en que las medidas del Gobierno central son un «ataque» que «pone en peligro» al pequeño y mediano comercio. Además, avanzó que los servicios jurídicos de su departamento están estudiando la interposición del citado recurso de inconstitucionalidad.
Junto con el consejero, el texto fue rubricado por el vicepresidente de CECA, Enrique Oviedo, el representante de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT-A, Manuel Justo, el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.-A, Gonzalo Fuentes, y los presidentes de Al-Ándalus Granada, Facua-A y UCA-UCE, Emilia Martínez, Olga Ruiz y Juan Moreno, respectivamente.