Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y José Ángel Prenda, miembros de La Manada, están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Córdoba por un presunto delito delito de abusos sexuales y otro contra la intimidad a una joven del municipio cordobés de Pozoblanco. Los cuatro acusados se han declarado inocientes en la primera jorna de la vista oral y se han acogido a su derecho a no declarar.
La defensa ha pedido la nulidad de las grabaciones donde podía verse a los jóvenes cometiendo los abusos sexuales por haberse obtenido en el marco de la instrucción de la agresión sexual de los Sanfermines de 2016. En la prueba gráfica se ve a los acusados tocando los pechos y besando a la víctima y ha sido el principal tema tratado en esta primera sesión. Los hechos ocurrieron en mayo de 2016, dos meses antes de la violación en la capital navarra, cuando la víctima subió al coche de los acusados en claro estado de embriaguez.
El magistrado entiende que los vídeos «son una prueba determinante, pero no la única», y ha reclamado margen para dilucidar entre las principales tesis si existió una investigación prospectiva es decir, sobre hechos anteriores y no directamente vinculados a los de la indagación en curso, y sobre el alcance y significado del consentimiento sobre la cesión de derechos fundamentales como el de la intimidad.
Los cuatro miembros se han declarado inocentes en esta primera jornada y se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas de ninguna de las partes. La defensa cuestiona la validez de los dos vídeos que grabaron el pasado 1 de mayo de 2016, en los que se les ve tocando los pechos y besando a la víctima. Esta entiende que la acusación se basa en unos vídeos que considera nulos, por lo que no tiene sentido que presten testimonio sobre unos hechos cuya validez no admiten.
La Fiscalía
La Fiscalía de Córdoba pide penas de prisión de tres años por un delito de abusos sexuales hacia una joven en el interior de un vehículo. Además ha solicitado cuatro años más por delito contra la intimidad. Igualmente, el Ministerio Fiscal también solicita para la víctima na indemnización conjunta y solidaria que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por daños morales. Asimismo, pide para los cuatro acusados la prohibición de establecer comunicación o acercarse a la víctima a una distancia inferior a 100 metros durante 8 años para el delito de abuso sexual y otros 9 años por el delito contra la intimidad al haber cedido imágenes y grabaciones audiovisuales sin su consentimiento.