La asociación entiende que “hubiera sido conveniente efectuar una modificación mucho más profunda”
“La modificación del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua en los términos sesgados y parciales en que se acomete resulta inadecuada, inoportuna, incompleta y lesiva para con los derechos y legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias”.
Así lo entiende la Unión de Consumidores de Andalucía, que considera que hubiera sido conveniente efectuar una modificación mucho más profunda de este Decreto para adaptarlo a las nuevas condiciones del servicio garantizando los derechos de los usuarios conforme al marco actual de prestación de este servicio público esencial.
No obstante, la federación de consumidores ha valorado que se contemple en las condiciones contractuales “la presión mínima y máxima garantizada como requisito de calidad del suministro, ya que la falta de presión hace necesario aumentar el diámetro del caudal (más caro) o instalar en la comunidad grupos de presión individuales (incrementando aún más el sobrecoste)”.
Por contra, la Unión de Consumidores considera “necesario e inaplazable establecer períodos mínimos de impago para efectuar el corte del suministro –con los sobrecostes que la reconexión conlleva para el usuario-” por lo que propone que “se considere causa de corte sólo el impago de al menos dos facturas (cuando la facturación sea bi o trimestral), o del al menos cuatro facturas (en los casos en que la facturación sea mensual)”.
Asimismo, la Unión de Consumidores considera “básico que se aproveche la reforma del Reglamento para implantar definitivamente una estructura tarifaria común aplicable al conjunto de los suministros domésticos en el marco de la Comunidad Autónoma Andaluza. Dicha estructura debe ser por bloques y progresiva, penalizando los consumos excesivos, y coincidir, para una gestión más eficiente y racional, con la estructura ya definida por la Ley 9/2010, de Aguas para Andalucía, en lo relativo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración”, informa en nota de prensa.
UCE-A entiende “ineludible” que se establezcan criterios de transparencia en la aplicación de los denominados “cánones concesionales” establecidos para las empresas privadas concesionarias del servicio, al objeto de garantizar que los mismos sirvan para financiar la mejora del servicio y no para cubrir los déficits de las tesorerías de los ayuntamientos.