El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha entregado este 28 de marzo a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el Informe Anual de la institución de 2018. El Defensor del Pueblo andaluz gestionó el pasado año 10.915 quejas, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores, y 13.117 consultas.
Estos datos son inéditos en la historia de la Institución y suponen un incremento de un 11,2% en cuanto a quejas tramitadas y de un 26,3% en consultas con respecto a 2017, lo que sumado a las 729 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrece un balance total de 24.761 actuaciones en defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía. En total, fueron 22.001 personaslas que requirieron en 2018 la intervención de este comisionado parlamentario.
En cuanto al balance de sus actuaciones, cumplidos los cinco años de vigencia del mandato, Jesús Maeztu ha mencionado el impacto de la crisis económica durante este periodo que, pese a los síntomas de recuperación una década más tarde, sigue siendo muy dura para muchos andaluces y andaluzas.
“Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas; recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil… Ellos no se han recuperado”, ha señalado Jesús Maeztu.
No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la reacción que ha producido en la sociedad, con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos. “Ahora somos más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles. Ya no se toleran pasos atrás en los derechos conquistados”, ha señalado.
La experiencia de este ciclo económico ha motivado al Defensor del Pueblo andaluz a adjuntar en este balance un Decálogo de principios irrenunciables para la Defensoría, entre los que se comprenden:
- una educación de calidad, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades;
- una sanidad que permita vivir saludablemente;
- renta básica, techo digno, y acceso a luz y agua garantizados;
- respuestas judiciales y administrativas sin dilaciones indebidas;
- la defensa de las personas mayores y de la infancia;
- la atención a las personas con discapacidad;
- la igualdad de hombre y mujer;
- la igualdad de las personas con independencia del lugar de nacimiento;
- el respeto a la sostenibilidad y al patrimonio;
- y la participación, la transparencia, la cercanía y la mediación de conflictos.
En cuanto al balance de la Institución, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado dos apuestas de su mandato.
Una, las visitas a comarcas andaluzas iniciadas en 2015 para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la población residente en pueblos pequeños y medianos y en otras zonas rurales con problemas específicos preocupantes. Se han realizado 20 visitas, de ellas, seis el pasado año, a las que han acudido más de 400 personas presencialmente y se han mantenido reuniones con más de 300 profesionales de los servicios sociales comunitarios.
La segunda, el Servicio de Mediación profesional y especializado ofrecido por la Institución para resolver los problemas de la ciudadanía a través de una fórmula novedosa y pionera en el conjunto de los Defensores del país, y que el pasado año ha obtenido respaldo jurídico en el Parlamento en un primer paso a nivel reglamentario. Este servicio gestionó el pasado año 154 quejas, por encima de las 100 previstas y un 170% más que en 2017, cuando fueron 57.
A este trabajo, el Defensor ha añadido la elaboración de hasta ocho Informes Especiales desde 2013, el último, el elaborado el pasado año con el título ‘Los Equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia’. Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha reseñado la apuesta de la Institución por incorporar el lenguaje claro, conocido como lenguaje ciudadano, en la relación cotidiana con la ciudadanía.