El Ayuntamiento de Alcalá no había abonado en diez años la Seguridad Social de un técnico que prestaba servicios de mantenimiento.
El Consistorio ha sido obligado a reconocer, mediante sentencia judicial, que la relación mantenida con un técnico que prestaba servicios de mantenimiento era de carácter laboral y por lo tanto éste debía haber sido trabajador municipal desde 1993, cuando comenzó dicha relación laboral con el Consistorio. Debido a la citada sentencia judicial, dicho trabajador paso a ser laboral fijo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, reconociéndole la antigüedad correspondiente desde el 26 de febrero de 1993.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, a resultas de este fallo, interpuso una demanda cuya sentencia, en el pasado mes de junio, condena al Ayuntamiento a tener que abonar a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes a la antigüedad al completo por el contrato laboral del trabajador municipal referido.
Como el Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla (sentencia 323/13 de 25 de junio) considera que la antigüedad de la relación laboral se extiende desde febrero de 1993, ha exigido los pagos correspondientes a las aportaciones patronales a la seguridad social desde esa fecha y es por lo que la cantidad que el Ayuntamiento deber pagar asciende aproximadamente a los 60.000 euros.
Para la portavoz del Partido Andalucista (PA), Lola Aquino, “esta nueva condena vuelve a dejar en muy mal lugar la gestión laboral Limones, que –según ha recordado Aquino- llegó al Consistorio desde UGT”. Esto es, para la líder del PA alcalareño “otro botón de muestra más de cómo se hacían, y hacen, las cosas en este Ayuntamiento en materia de gestión de recursos humanos, donde la tónica general ha sido tirar por la calle de ‘en medio’ para no hacer las cosas bien. Pero finalmente, todo sale peor y te acaban condenando, como ha sido el caso”.
Para Aquino “no es de extrañar, con estas prácticas, las condenas en materia social que tan habitualmente recaen en este Ayuntamiento, cuya portavoz municipal, María José Borge, está imputada por prevaricación por el contrato de un cargo en la Delegación de Deporte”.