El Consejo de Ministro ha aprobado este martes la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero. Esta ley tiene como principales objetivos garantizar que la red de sanidad pública ejecute lleve a cabo los abortos, que se garantice el acceso a la educación sexual y la gratuidad de productos menstruales y anticonceptivos.

Lo primero que otorga esta ley y que ha sido lo más polémico ha sido el derecho de las mujeres menores de 18 años (16 y 17) a abortar sin necesidad de que los padres o tutores legales den el consentimiento. Además, se elimina el periodo de reflexión de 3 días. Además de blindar el derecho al aborto en la sanidad pública, se garantiza que la operación se lleve a cabo en el centro más cercano.

Se incorpora una incapacidad temporal en los casos de aborto, sin mirar si es voluntario o no, para que las mujeres se recuperen de la opeación. Por último, esta ley da la opción a la mujer de elegir el método abortivo, ya sea quirúrgico o farmacológico.

Derechos sexuales de las mujeres

Según el Ministerio de Igualdad, la anticoncepción no puede ser algo que solo recaiga sobre las espaldas de las mujeres, por lo que hace dos propuestas para evitarlo: el desarrollo de la anticoncepción hormonal masculina y el reparto gratuito de anticonceptivos de barrera en educación secundaria, centros penitenciarios y centros sociales.

Ponen como obligatoria la educación sexual en las escuelas para tratar temas como la diversidad sexual, la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual y el abordaje de la salud menstrual con perspectiva de género.

Por último, en cuanto a los derechos menstruales, se incorpora la incapacidad temporal en los casos de mujeres con fuertes dolores en los periodos de menstruales, que estará financiada al 100% por el Estado. También se repartirán productos menstruales de manera gratuita.

Periodista andaluz. @_manuel_RG_ en Twitter.