Treinta años después de que se fijase el pago de una compensación a la Comunidad por parte del Estado, los gobiernos central y autonómico fijan la cuantía en la más baja de la horquilla acordada. Antes de marzo de 2010, Andalucía deberá recibir de los Presupuestos Generales del Estado casi 800 millones.

Antonio Campos/Agencias. La deuda histórica ya es historia. Casi treinta años después de que se fijase en el primer estatuto de autonomía andaluz de 1981 el pago por parte del Estado de una compensación por los atrasos que, por entonces, sufría la comunidad, Gobierno Central y Junta han acordado cuantificar en 1.204,41 millones de euros la cifra que Andalucía recibirá antes del 20 de marzo del próximo año, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del último Estatuto de Autonomía.

La Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado da por cerrado, por tanto, el polémico y permanente debate económico en la región fijando la cifra final en la más baja de la horquilla que se marcó durante la financiación. Y es que, cabe recordarse que el Parlamento de Andalucía ya aprobó que la Comunidad Autónoma nunca recibiría menos de 1.148 millones de euros, aunque sí que podría haber llegado a los 1.748 millones.

Por tanto, será en apenas un año cuando esta cantidad deba constar entre las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para nuestra Comunidad. Pero ello no quiere decir que haya que esperar hasta finales del primer trimestre de 2010 para que la deuda se vea liquidada. El calendario de pagos acordado en la mañana de ayer recoge la posibilidad de realizar adelantos a cuenta, como se ha hecho en anteriores ocasiones.

De hecho, el primer de ellos se acordó en febrero de 1996, cuando la Junta recibió 120,2 millones de euros. El segundo anticipo, que se cifró en 300 millones de euros, fue acordado por los gobiernos central y autonómico el 1 de octubre de 2007. El Consejo de Ministros aprobó el 28 de marzo del pasado año este adelanto, que se instrumentó como un anticipo de tesorería. En total, poco más de 420 millones de euros que ya ha recibido Andalucía.

Según se acordó la semana pasada, el de ayer era el día escogido para que Gobiernos central y autonómico escenificasen el pago de la deuda histórica. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, presidieron el encuentro, que apenas duró 40 minutos, y al que también acudieron el viceconsejero segundo y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, y los viceconsejeros de los tres departamento del Gobierno andaluz.

Una deuda de 1981

La rúbrica de un acuerdo alcanzado en los últimos días llega a apenas 96 horas de que se cumpliese el plazo previsto por la Comisión Bilateral de Cooperación en septiembre de 2008. La Disposición Adicional Segunda del actual Estatuto de Autonomía establece, además, que el pago se haga efectivo en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la norma, es decir, desde marzo de 2007, por lo que deberá estar totalmente pagada en marzo de 2010.

Al tratarse el Estatuto de Autonomía de una ley orgánica, es de obligado cumplimiento lo que en ella se dispone, entre otros, el pago de la deuda histórica. En su origen, es la compensación que Andalucía consideraba debía pagarle el Estado para hacer frente a las peculiares circunstancias socio-económicas de la región a comienzos de la década de los ochenta.

La Junta de Andalucía ya se comprometió a que la deuda se destinaría a servicios básicos como sanidad y educación, aunque también se prevé que se destine a asistencia social y viviendas de protección oficial.

Griñán: “Nos han dado lo que nos corresponde”

Tras la reunión, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, calificó de «histórico» el acuerdo y advirtió de las dificultades que han existido a la hora de cerrarlo. «El trabajo ha sido difícil y complejo», concretó la ministra, que subrayó que hoy es un día «muy importante» para el Gobierno central y para los andaluces, puesto que «se ha cerrado un acuerdo y se ha cumplido con lo que marca el Estatuto de Autonomía de Andalucía».

Salgado se mostró convencida de que este acuerdo no llevará a otras comunidades a realizar una reivindicación semejante, ya que «no existe un caso similar en toda España, y el Gobierno siempre ha dado muerta de cumplir todos los estatutos, en el que cada uno se concreta una fórmula». La ministra de Administraciones Públicas recordó que se cumplen los tiempos marcados en el Estatuto y que la metodología de pago también será la que recoge el texto estatutario y la que fue aprobada en el Congreso de los Diputados sin votos contrarios.

Por su parte, el viceconsejero segundo y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, mostró su satisfacción ante el acuerdo, ya que «ponemos punto y final a un viejo contencioso». Griñán dejó claro que la cantidad acordada no es fruto de una «subasta o un capricho», sino de «un trabajo atendiendo al coste de los servicios». «Hemos tenido que realizar muchos cálculos y se trata de un resultado justificable en todos los puntos de España, ya que no es fruto de un capricho, sino consecuencia de la aplicación de una ley, que se viene abordando desde hace 12 años», aclaró.

«Hoy hemos obtenido el reconocimiento de un derecho que ha sido extensamente expuesto con datos, cifras y números», señaló Griñán, que aclaró que «no hemos obtenido nada a lo que no tuviéramos derecho».

El consejero socialista no perdió la oportunidad para arremeter contra el PP: «El problema es que durante los ocho años del PP se castigó a Andalucía y no se reconoció nuestros derechos», apuntó el viceconsejero económico, que reconoció que teme que «alguien pueda pensar que Andalucía está obteniendo un privilegio, cuando estamos obteniendo aquellos derechos que nos corresponden legal y estatutariamente». «Cuando se reparan derechos, alguno, que no conoce la historia puede pensar lo que no es. (…) Nos han dado lo que nos corresponde, ni más ni menos», sentenció.

Arenas: “Un talón ridículo”

Desde la oposición, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha dicho que el jefe del Ejecutivo regional, Manuel Chaves, no debería haber cogido el «talón ridículo» de la «deuda histórica» que supone «un insulto» a los que han luchado durante 27 años por este objetivo marcado en el Estatuto.

Javier Arenas ha anunciado que su grupo va a pedir la comparecencia urgente del presidente de la Junta en el Parlamento de Andalucía, informa Efe. El líder del PP, que ha afirmado que el presidente andaluz debe «dar cuenta» de lo que han acordado su Gobierno y el central en la Cámara autonómica, ha llamado la atención sobre que Chaves no haya acudido a Madrid a la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta-Estado que ha rubricado el acuerdo.

«Está claro que al señor Chaves le ha dado vergüenza que después de 27 años se haya llegado a un acuerdo con un talón ridículo», ha señalado Arenas, para quien las cuentas reales es que a cada andaluz le corresponden 150 euros con este acuerdo entre la Junta y el Gobierno para «saldar» un asunto recogido en el Estatuto.

Tras acusar a la Junta de aceptar un talón «ridículo para apoyar el sillón de José Luis Rodríguez Zapatero el poco tiempo que le queda», el líder de los populares andaluces se ha mostrado convencido de que aún queda «el segundo acto de esta tragicomedia», en alusión al nuevo modelo de financiación autonómica.

Javier Arenas ha considerado que el acuerdo sobre la «deuda histórica» supone un «ataque a la dignidad» de los andaluces después de 27 años de derecho adquirido en el Estatuto de Autonomía, y ha añadido que, con este acuerdo, se ha consumado una «una traición al espíritu y la letra» del texto estatutario.

Por su parte, el vicesecretario nacional de del Partido Andalucista y alcalde de la localidad sevillana de Utrera, Francisco Jiménez, ha asegurado que el acuerdo es «un insulto a la inteligencia de todas y todos los andaluces».

En un comunicado, Jiménez dijo que el cumplimiento de la ‘deuda histórica’ «es un acuerdo político entre socialistas para conseguir una foto, un acto de salón para la galería, o una puesta en escena para publicitar la entrada extra de ingresos en el Gobierno de Andalucía».

«La firma de hoy debería haber sido mucho más porque es el reconocimiento del coste de los servicios públicos transferidos de manera insuficiente a la Junta de Andalucía en 1981. 1.204 millones de euros no es la actualización real al año 2009 de aquella falta de servicios de 1981», agregó.

Por último, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, calificó de «traición» el hecho de que la deuda histórica sea «liquidada» a cambio de una «limosna». Así, advirtió de que se están planteando llevar a la Justicia el acuerdo.

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Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, empezó en la comunicación local y actualmente trabaja para laSexta. Máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación, es miembro...