La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se quitó la vida el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, se encuentra ultimando la interposición de una querella judicial. Según han explicado, aún se está valorando si la acción legal se dirigirá contra el colegio Irlandesas de Loreto como persona jurídica o contra miembros concretos del equipo directivo del centro.
Así lo ha confirmado Isaac Villar, portavoz de la familia, en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, en la que señaló que «decir ahora cómo serán los detalles es a lo mejor un poco precipitado, pero estos días tomaremos, seguro, la decisión y se interpondrá la querella». Villar subrayó que la familia considera que existen «motivos más que suficientes» para acudir a los tribunales.
En este sentido, el portavoz insistió en que, a juicio de los padres, no se activaron los protocolos correspondientes cuando se denunciaron los hechos y se aportaron informes psicológicos sobre la situación de Sandra. «Está claro que no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunció y cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra», afirmó.
Líneas de investigación
Paralelamente, la Fiscalía mantiene abiertas dos líneas de investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor. Una de ellas, en el ámbito de la reforma juvenil, analiza la posible implicación de varias menores, mientras que la segunda se centra en evaluar la actuación y eventual responsabilidad de los responsables del centro educativo. Villar agradeció expresamente el trabajo del Ministerio Público, señalando que «sabemos que están poniendo todo su esfuerzo y todos los medios de los que disponen para aclarar la situación».
En el plano administrativo, la familia también sigue pendiente del expediente abierto por la Junta de Andalucía. El portavoz remarcó la importancia de mantener una reunión con la consejera de Educación, Carmen Castillo, para conocer el estado del procedimiento. «Nos emplazaron a estos primeros días de enero para darnos una cita y una fecha concreta para recibir a los padres de Sandra y que les expliquen en qué punto se encuentra ese tema», indicó.
Desde la familia reclaman que, en su caso, se adopten sanciones «contundentes y ejemplares» para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. «Nada de lo que se haga nos va a reparar el daño, pero por lo menos que haya medidas serias y que esto no se repita», añadió Villar.
Por su parte, la dirección del centro educativo ha venido pidiendo «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa». El caso tuvo una fuerte repercusión social y desembocó, a finales de octubre, en movilizaciones estudiantiles convocadas por el Sindicato de Estudiantes en 55 ciudades de todo el país, bajo el lema de acabar «con el monstruo del bullying».