Un juzgado de Cáceres ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de un empresario del sector de las atracciones de feria acusado de promover el asesinato de un rival profesional de Sevilla. La resolución judicial sostiene que existen indicios suficientes de que el investigado habría intentado contratar a varios sicarios, presuntamente de origen colombiano, para acabar con la vida de otro empresario con una larga trayectoria familiar en este ámbito.
El detenido, identificado como A.G.C. y conocido en el sector como «el Gordo», fue arrestado a mediados de diciembre. En un auto fechado el día 19, el Juzgado de Instrucción número 3 considera acreditado de forma indiciaria que el investigado contactó con terceras personas para ejecutar el crimen «a cambio de un precio». La investigación se activó tras la denuncia presentada por la presunta víctima, cuyos familiares recibieron mensajes de advertencia en los que se alertaba de un posible atentado contra su vida.
A partir de ese momento, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) puso en marcha un dispositivo de seguimiento que permitió establecer un canal de comunicación controlado entre el denunciante y un informante anónimo. Gracias a este procedimiento, los agentes accedieron a conversaciones mantenidas entre el empresario investigado y varias personas extranjeras, supuestamente de nacionalidad colombiana y cubana.
Planificación del crimen
Según la Policía, el contenido de esos intercambios revela «un propósito real y concreto de acabar con la vida» del empresario sevillano, así como el papel activo del detenido en la planificación del crimen. La magistrada instructora destaca especialmente uno de los diálogos, en el que uno de los interlocutores explica las dificultades para ejecutar el encargo debido a las medidas de precaución adoptadas por la víctima, a lo que el investigado responde instando a que actúen «de la manera que consideren mejor», dejando claro que la ejecución dependía de ellos.
Para el juzgado, estos hechos encajan en un presunto delito de proposición para asesinato. El trasfondo del conflicto, según consta en la denuncia, estaría relacionado con la pugna por concesiones administrativas de parcelas destinadas a atracciones de feria. La víctima sostiene que su competidor trataba de arrebatarle estos espacios mediante distintas sociedades vinculadas a su entorno familiar para ampliar su propio negocio.
La jueza justifica la medida de prisión provisional no solo por el riesgo de fuga, sino también por la posibilidad de que el investigado pueda destruir u ocultar pruebas relevantes para la causa. A ello se suma la existencia de una relación previa extremadamente conflictiva entre ambos empresarios y una orden de alejamiento en vigor contra el detenido por un presunto delito anterior de amenazas graves con arma.