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El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado un acuerdo de medidas vinculado a los Presupuestos municipales de 2026 que incorpora cambios relevantes en movilidad, inversiones urbanas, control administrativo y ordenación económica. El pacto, alcanzado entre el Partido Popular y Vox, fija una hoja de ruta con actuaciones concretas que se desarrollarán a lo largo del próximo ejercicio presupuestario.
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la transformación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, donde se modificará la ordenanza de movilidad para poner fin a la imposición automática de multas y a las restricciones permanentes al tráfico, siempre dentro del marco de la normativa europea. La medida se ampara en el Real Decreto 1052/2022 y toma como referencia el modelo aplicado por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, con el objetivo de flexibilizar el actual régimen sancionador.
En materia de inversiones, el acuerdo contempla un importante refuerzo presupuestario para la rehabilitación de viales en parques empresariales de Sevilla. A los 1,5 millones de euros ya consignados en el Presupuesto de 2026, se sumarán 4,5 millones adicionales, procedentes tanto de remanentes de crédito como de una modificación presupuestaria prevista para el primer trimestre del año, alcanzando así un total de 6 millones de euros destinados a la mejora de estas infraestructuras.
El documento también recoge el compromiso de aumentar las inversiones en los mercados de abasto de la ciudad, mediante una modificación presupuestaria durante el primer semestre de 2026 que permitirá incorporar 160.000 euros adicionales para actuaciones de mejora y modernización de estos espacios comerciales municipales.
Asimismo, se acordará la puesta en marcha de un plan específico de rehabilitaciones viarias, con actuaciones concretas consensuadas entre Partido Popular y Vox, que se añadirán a las ya incluidas en el Plan de Inversiones de la Gerencia de Urbanismo, reforzando el mantenimiento y la mejora de las calles de la ciudad.
En el ámbito de la seguridad y el control económico, el acuerdo incorpora nuevas medidas de lucha contra la venta ambulante ilegal, asignando esta función de forma específica a la recién creada Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local, con el objetivo de proteger al comercio legal y combatir prácticas que generan competencia desleal en la ciudad.
En el plano administrativo, el pacto introduce de forma expresa el rechazo al empadronamiento de inmigrantes en situación irregular. Para ello, el Ayuntamiento exigirá la acreditación de identidad en vigor como requisito indispensable para el acceso al padrón municipal y aplicará un protocolo reforzado de comprobación de residencia, con un plazo máximo de 15 días para resolver las solicitudes. La medida incide especialmente en los casos de domicilio de dudosa acreditación y refuerza los mecanismos de inspección y la colaboración interinstitucional para evitar empadronamientos irregulares.
Por último, el acuerdo contempla la limitación de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT). En este sentido, se reducirá el límite general del 10% vigente en toda la ciudad, sustituyéndolo por topes diferenciados por zonas, conforme al informe elaborado barrio a barrio sobre la incidencia de este tipo de alojamientos en Sevilla.
El acuerdo fue suscrito el 23 de diciembre de 2025 por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en representación del Partido Popular, y por Cristina Peláez Izquierdo, por el Grupo Municipal de Vox, y servirá de base para la aplicación de estas medidas dentro del marco de los Presupuestos municipales de Sevilla para 2026.