La Asociación para la Movilidad Personal Ecológica de Sevilla (Ampes) ha mostrado su rechazo frontal a la modificación de la ordenanza municipal que endurece las condiciones de circulación de los patinetes eléctricos en la ciudad. Según la entidad, el nuevo texto supondrá, en la práctica, la expulsión de la mayoría de los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) del carril bici sevillano a partir de la primavera de 2026.
El principal motivo de la crítica es la limitación de potencia que el Ayuntamiento pretende imponer para poder circular por la red ciclista. La nueva ordenanza solo permitirá el uso del carril bici a los patinetes con una potencia igual o inferior a 250 vatios y una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora, que se reduce a 10 km/h en los tramos compartidos con peatones. Ampes considera que esta exigencia técnica no solo es excesiva, sino que además carece de respaldo en la normativa estatal.
Tras analizar el mercado de patinetes homologados, la asociación asegura que únicamente el 2,45% de los modelos certificados por la Dirección General de Tráfico podrían cumplir con este requisito. De un total de 327 marcas analizadas, solo ocho modelos disponen de una potencia igual o inferior a 250 vatios, lo que deja fuera a la inmensa mayoría de los VMP actualmente en uso. Según Ampes, esto obligará a los usuarios a circular por la calzada para evitar sanciones que pueden oscilar entre los 101 y los 200 euros.
Límite de velocidad en 25 km/h
Desde la asociación subrayan que una potencia de 250 vatios no es sinónimo de mayor seguridad ni implica necesariamente una menor velocidad. De hecho, recuerdan que tanto la normativa estatal como la municipal fijan el límite máximo de velocidad de los patinetes en 25 km/h. «Una mayor potencia no implica una mayor velocidad», insisten, señalando que la potencia está relacionada con la capacidad de respuesta del vehículo en pendientes o con usuarios de mayor peso, no con la velocidad punta.
Ampes califica esta restricción como una «anomalía sevillana», ya que la normativa nacional contempla potencias de hasta 1.000 vatios en su manual de características técnicas. A juicio de la asociación, Sevilla estaría creando una inseguridad jurídica innecesaria, al imponer un criterio que no existe en el marco estatal y que expone a los usuarios a sanciones constantes.
Eduardo García, vicepresidente de Ampes, resume la postura del colectivo con contundencia: «En la práctica es prohibirnos el uso del carril bici bajo la amenaza de multas de hasta 200 euros». García advierte además de que, aunque algunos usuarios opten por circular por la calzada, muchos otros sienten miedo ante esta alternativa, especialmente en vías con tráfico intenso.
Fase de alegaciones
La modificación de la ordenanza se encuentra actualmente en fase de alegaciones, con un plazo de 30 días abierto. Tras este periodo, el texto deberá someterse a aprobación definitiva en el Pleno municipal previsto para febrero de 2026 y entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. Ampes presentará alegaciones formales para reclamar la eliminación de la limitación de potencia, que consideran «absurda» y desconectada de la realidad del mercado.
La asociación lamenta además que, pese a haber participado en las reuniones previas con el Ayuntamiento y haber aportado documentación técnica extensa, sus advertencias no hayan sido tenidas en cuenta. En redes sociales, Ampes ha criticado duramente el proceso, asegurando que sus aportaciones han sido ignoradas, como ya ocurrió con la primera normativa.
Más allá de la potencia, la ordenanza sevillana incorpora otras obligaciones para los usuarios de patinetes, como el uso de casco homologado, chaleco reflectante, seguro de responsabilidad civil y alumbrado reglamentario, además de prohibir que viajen dos personas en el mismo vehículo. No obstante, Ampes sostiene que muchas de estas medidas ya vienen marcadas por la DGT y no suponen una novedad real.
Por último, la asociación recomienda prudencia a los usuarios respecto a la contratación de seguros, ya que el marco estatal definitivo aún está pendiente de desarrollo mediante un real decreto previsto para 2026, lo que podría dejar sin validez pólizas contratadas con antelación.