- Estas son las horas de más lluvia para este viernes 5 de diciembre en Sevilla
- Estos son los centros comerciales de Sevilla que abrirán en el puente de diciembre
La Fiscalía ha solicitado que se celebre el juicio contra la forense de Sevilla acusada de varios delitos contra la integridad moral cometidos supuestamente durante sus entrevistas a presuntas víctimas de agresión sexual. El Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla en el que rechaza las cuestiones planteadas por la defensa, que motivaron el pasado noviembre el aplazamiento de la vista oral hasta el próximo 12 de junio.
El aplazamiento se produjo a raíz de diversas alegaciones procesales presentadas por el abogado de la acusada, Jesús Escudero, quien argumentó entonces posibles vulneraciones del derecho al juez predeterminado por la ley y otras irregularidades detectadas durante la instrucción. Según explicó, era necesario resolver esos aspectos antes de entrar en el fondo del asunto, subrayando que «los formalismos y garantías en el procedimiento son esenciales».
Sin embargo, la Fiscalía concluye ahora que no existen motivos para declarar la nulidad del proceso ni para dictar una sentencia absolutoria sin celebrar la vista. Fuentes judiciales confirman que el Ministerio Público considera imprescindible continuar con el juicio y rechaza las razones esgrimidas por la defensa. El propio letrado indicó en noviembre que tanto la Fiscalía como el tribunal entendieron necesario suspender la vista para revisar íntegramente la causa y pronunciarse sobre las alegaciones, tarea que ahora estaría ya resuelta.
Tras la suspensión, la acusada defendió su inocencia y su profesionalidad. Afirmó que nunca había tratado mal a nadie y que siempre actuó «con delicadeza», asegurando tener «una fe tremenda» y confiando en que «nada puede ir en contra mía». Negó haber realizado los comentarios que se le atribuyen y defendió tanto su «rigor científico» como su comportamiento «correcto» con todas las personas examinadas.
El escrito de la Fiscalía, sin embargo, sostiene que la forense realizó «continuos juicios de valor» hacia varias mujeres que acudieron como presuntas víctimas de agresión sexual. Según el Ministerio Público, la acusada cuestionaba su vestimenta o su comportamiento, insinuando que habían consentido implícitamente el acto sexual o que sus propias conductas habían provocado los hechos. Estas valoraciones, añade la Fiscalía, restaban credibilidad a los testimonios y hacían sentir culpables a las mujeres, generándoles un «enorme desasosiego» en un contexto de especial vulnerabilidad. Incluso, algunas de ellas llegaron a no formalizar su denuncia tras sentirse «cuestionadas y menospreciadas».
Por estos hechos, la Fiscalía solicita tres años de prisión, uno por cada delito de integridad moral en el que habría incurrido la funcionaria pública, y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.