El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla investiga una operación urbanística relacionada con la venta de una parcela en Pino Montano Norte por parte de Emvisesa, en la que se indagan posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación afecta al ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, y a su entorno, tras detectarse un pago de 78.650 euros a una empresa vinculada a un funcionario de la entidad municipal.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa propiedad de la esposa de Pineda, adquirió en 2024 la citada parcela de Emvisesa por 1,47 millones de euros, apenas 40 céntimos por encima del precio de salida, tras quedar desierta una subasta previa convocada en 2022. La adjudicación se produjo ya con José Luis Sanz como alcalde, con una rebaja de más de medio millón de euros respecto al precio inicial.
Menos de cinco meses después, la misma empresa vendió el terreno al grupo Eryel Invest, perteneciente al holding Burger King Spain, por 3,95 millones de euros, obteniendo un beneficio de más de 2,2 millones. Parte de esas ganancias —según la UCO— se repartieron entre Pineda, su esposa, antiguos socios de la empresa y un funcionario de Emvisesa, que habría recibido una transferencia sin justificación aparente.
Los agentes sospechan que Pineda pudo haber influido en la adjudicación de la parcela a la sociedad de su mujer, en connivencia con antiguos socios y posibles colaboradores dentro de Emvisesa. También se investiga si pudo haberse producido un delito de corrupción entre particulares, ya que uno de los socios de Higuerón trabajaba para el grupo empresarial que posteriormente compró la finca por más del doble de su precio original.
El informe subraya que el expediente de la subasta presenta irregularidades, como una rebaja «sensiblemente inferior al valor de mercado», y considera necesario revisar el proceso por si hubo funcionarios implicados. Hasta el momento, el juzgado no ha formulado imputaciones, pero la operación sigue bajo análisis por parte de la Guardia Civil y la autoridad judicial.