Las Juventudes Falangistas de España (JFE) y el Sindicato Español Universitario (SEU) han convocado para el próximo 7 de noviembre una misa y homenaje a los «primeros caídos de la Falange sevillana» en la Iglesia de Santa María la Real, en Sevilla. El acto, que incluirá una ofrenda floral, ha despertado polémica al desafiar la legislación que prohíbe los actos públicos de exaltación del franquismo o contrarios a la memoria democrática, sancionables con multas de hasta 150.000 euros según la normativa estatal.

La presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, Paqui Maqueda, ha calificado la convocatoria como «una apología del fascismo y una afrenta a las víctimas del franquismo». La activista denuncia que no puede considerarse un acto privado, aunque se celebre en una iglesia, ya que tiene una evidente proyección pública. Maqueda ha recordado que eventos similares, como el homenaje a Franco y Primo de Rivera celebrado el pasado 20 de noviembre en Sevilla, fueron denunciados ante la Fiscalía por organizaciones memorialistas.

La Ley de Memoria Democrática del Estado y la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática tipifican como infracciones graves o muy graves los actos de exaltación del franquismo o de humillación a sus víctimas. Estas normas contemplan sanciones tanto para los organizadores como para los responsables del lugar donde se celebren, e instan a las administraciones a prevenir y evitar cualquier manifestación que ensalce la dictadura o menosprecie a las víctimas.

Por su parte, Adelante Andalucía ha anunciado que registrará una solicitud formal ante la Subdelegación del Gobierno para que impida la celebración del evento. Su portavoz, José Ignacio García, ha exigido la aplicación de las leyes estatal y autonómica de memoria y ha calificado la convocatoria como una «exaltación del golpe de Estado de 1936» y un «acto de desprecio a las víctimas». García ha instado tanto al Gobierno de España como al andaluz a actuar con firmeza y ha advertido que, si no se prohíbe, su formación valorará emprender otras acciones legales para evitar que se lleve a cabo.