El Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estaba escolarizada Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida la pasada semana presuntamente tras sufrir acoso escolar, ha expresado su consternación y anunciado nuevas medidas internas para reforzar la atención al alumnado en situación de vulnerabilidad.
En un comunicado, el centro educativo ha asegurado estar «profundamente comprometido con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para nuestro alumnado». El colegio, situado en las inmediaciones de la Carretera de Carmona, ha defendido los mecanismos que ya aplica en materia de salud mental, señalando que su profesorado está formado para detectar señales de riesgo y activar las medidas necesarias.
El comunicado subraya la necesidad de una «profunda reflexión como sociedad» ante la «proliferación de ecosistemas digitales», haciendo alusión al impacto de las redes sociales en los jóvenes. «Nos encontramos en un contexto altamente sensible en el que urge abordar con más rapidez, flexibilidad y determinación las situaciones de necesidad o vulnerabilidad que nuestros jóvenes pueden atravesar a lo largo de sus años de desarrollo», indica el texto.
El colegio denuncia además la publicación de contenidos en redes sociales que considera «altamente perjudiciales para los propios menores» y anuncia que, en los próximos días, abrirá un “espacio de diálogo” para debatir propuestas concretas con la participación de familias, alumnado, asociaciones, expertos e instituciones. «Los retos a los que nos enfrentamos son mayúsculos y la respuesta debe ser contundente y unánime», señala el comunicado, en el que el centro expresa su intención de contribuir a un «gran proceso de cambio» que sitúe a Andalucía «a la vanguardia en la protección de la infancia y la adolescencia».
Asimismo, el colegio anuncia que ha iniciado un análisis de su entorno educativo para revisar los protocolos de atención integral al alumnado y que solicitará apoyo externo de profesionales especializados en psicología y servicios sociales. El objetivo, explica el centro, es profundizar en la mejora de sus mecanismos de detección y respuesta ante casos de vulnerabilidad. Las conclusiones se compartirán posteriormente con las instituciones y otros colegios «con el ánimo de que sirvan de referencia».
El comunicado comienza con un mensaje de condolencia a la familia de Sandra Peña, expresando que el profesorado, alumnado y comunidad educativa se encuentran «profundamente consternados» y que «acompañan a su familia en el profundo dolor por el que está atravesando». Además, el colegio asegura haber estado desde el primer momento «a disposición de las autoridades competentes» que investigan lo ocurrido.
Mientras tanto, la Fiscalía de Sevilla mantiene dos expedientes abiertos: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de varias menores en los hechos, y otro de supervisión, destinado a evaluar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo.
Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha advertido de que el colegio podría perder el concierto educativo si el expediente administrativo concluyera que se produjo un incumplimiento muy grave.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto que las grandes corporaciones tecnológicas bloqueen el acceso a redes sociales a quienes realicen acoso reiterado, mientras que la Policía Nacional mantiene una labor de custodia y vigilancia en el entorno del colegio para evitar posibles altercados.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido «máximo respeto» al trabajo de la Policía y la Fiscalía de Menores, y ha subrayado que el papel del teléfono móvil en este caso «es importante».