El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este miércoles, 22 de octubre, una declaración institucional de apoyo a los 36 trabajadores de la Fábrica de La Cartuja Pickman. El texto, respaldado por todos los grupos políticos del Consistorio, solicita al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla que adopten «cuantas medidas sean posibles» para garantizar la continuidad de la actividad y los empleos.
El documento advierte de que el cierre de la emblemática fábrica supondría «la desaparición de una parte esencial de la historia y el alma industrial de Sevilla». En él se subraya el prestigio nacional e internacional de la marca, así como el impacto negativo que su desaparición tendría en el tejido laboral y en las oportunidades de empleo para los jóvenes de la ciudad.
La declaración reclama la puesta en marcha de soluciones estables y a largo plazo que permitan consolidar la plantilla y sentar las bases para el crecimiento de la empresa en el futuro, con la participación de los sindicatos más representativos. Entre las medidas propuestas figuran un plan de inversiones que facilite la modernización de las instalaciones y la maquinaria, la adopción de procesos innovadores y la apertura de nuevos mercados tanto nacionales como internacionales.
Mantenimiento de la actividad productiva
Asimismo, el Ayuntamiento expresa su apoyo a las movilizaciones y acciones que se desarrollen en defensa del mantenimiento de la actividad productiva.
La declaración llega tras la reunión celebrada este martes, 21 de octubre, entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, representantes de los trabajadores y miembros de Comisiones Obreras. El regidor reiteró a través de sus redes sociales su compromiso con la plantilla y su intención de «buscar soluciones para evitar el cierre definitivo».
La situación de la fábrica se agravó después de que el pasado 9 de octubre la empresa Ultralta, propietaria de Pickman, solicitara su liquidación definitiva al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla, alegando la imposibilidad de cumplir los acuerdos de pago. Desde agosto, los 36 empleados se encuentran afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).