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La Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes de investigación para esclarecer las circunstancias que rodean el presunto suicidio de Sandra Peña, una joven de 14 años que falleció el pasado martes tras precipitarse desde la azotea de su vivienda. La menor había sufrido acoso escolar en el colegio Irlandesas Loreto de la capital andaluza.
Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene como objetivo analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo donde estudiaba la víctima.
Investigación en marcha y documentación recibida
Fuentes de la Fiscalía han precisado que aún no se ha recibido el atestado policial sobre lo ocurrido, aunque se han adoptado estas primeras medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Este mismo lunes, el Ministerio Público ha recibido la documentación elaborada por la Inspección Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que analiza el seguimiento del protocolo por acoso escolar en el colegio Irlandesas Loreto.
La Fiscalía tomó esta decisión tras conocer que el centro educativo no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, pese a estar obligado por la normativa vigente. La Consejería había anunciado la apertura de un expediente administrativo y la remisión de toda la información al Ministerio Público para depurar posibles responsabilidades.
El colegio podría perder el concierto educativo
La Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido que el colegio podría perder el concierto educativo «si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave».
«Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro la que deba actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta».
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, también ha abierto una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra el acoso escolar en este caso. Maeztu ha elevado una queja a la autoridad educativa y ha subrayado la necesidad de reforzar la prevención ante señales de acoso y violencia.
«Los protocolos tienen que funcionar», ha advertido, recordando la importancia de actuar con rapidez y sensibilidad ante situaciones de acoso escolar.
El colegio pide cautela y responsabilidad
La dirección del colegio privado concertado Irlandesas Loreto, situado en la Carretera Carmona, ha emitido un comunicado en el que pide «cautela y responsabilidad hasta que finalicen las investigaciones policial, judicial y administrativa».
El centro ha solicitado también que cesen los episodios de tensión que se han producido en las inmediaciones del colegio: «Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad».
En el mismo comunicado, la dirección asegura que su prioridad es velar por el alumnado y sus familias, y que los equipos de orientación y bienestar emocional están atendiendo «de manera especial» a los estudiantes tras lo sucedido.
Además, el colegio ha confirmado que está colaborando con las autoridades competentes y que el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) les ha pedido evitar ofrecer información pública sobre el caso mientras se desarrolla la investigación.