La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido al colegio Irlandesas de Loreto que podría perder el concierto educativo si la investigación concluye que sí existió un incumplimiento de la normativa de casos de acoso escolar, lo que provocó el suicidio de la menor de 14 años Sandra Peña.
En este sentido, de confirmarse, la Junta le podría retirar la financiación al centro concertado. La encargada de determinar posibles responsabilidades penales será la Fiscalía. En paralelo, la titularidad del centro deberá depurar las responsabilidades de su personal, siguiendo las indicaciones de la administración.
El pasado 16 de octubre, la Junta informó que el colegio no activó los protocolos de acoso escolar ni de conductas autolíticas, según la normativa a seguir en estos casos de bullying. A raíz de ello, trasladó toda la documentación a la Fiscalía y abrió un expediente para investigar lo sucedido y depurar responsabilidades.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado igualmente la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo de actuación de la Junta contra el acoso escolar que ha causado el caso de la muerte de la menor por suicidio.
