La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha trasladado a la Fiscalía el caso del suicidio de una menor en Sevilla, presuntamente vinculado a una situación de acoso escolar, después de que la inspección educativa haya verificado que el centro donde estudiaba la alumna no activó los protocolos obligatorios.
La consejera Carmen Castillo confirmó que, tras conocerse los hechos, inspectores de Educación acudieron de inmediato al colegio para recabar información. «Lo que sabemos hasta este momento es que no consta el inicio de ninguno de los dos protocolos que tenían que haberse abierto con los indicios que tenemos», ha explicado la titular de Educación.
Ante esta grave falta, la Consejería ha decidido remitir el expediente a la Fiscalía «por si se derivaran responsabilidades penales». Castillo advirtió además de que los adolescentes implicados, al superar los 14 años, pueden tener responsabilidad legal, recordando que «con 14, 15 y 16 años sí sabemos lo que estamos haciendo». La titular del departamento hizo un llamamiento a las familias para que asuman su papel en la educación emocional y el acompañamiento de sus hijos, señalando que la prevención del acoso «no es solo tarea de los docentes, sino del conjunto de la sociedad».
Expediente administrativo y medidas educativas
Paralelamente a la vía judicial, la Consejería ha abierto un expediente administrativo contra el centro y ha requerido a su dirección que ponga en marcha las actuaciones pertinentes. Castillo subrayó que estos casos obligan a reflexionar sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y actuación temprana ante posibles situaciones de acoso.
La consejera destacó el esfuerzo que los centros andaluces realizan para fomentar valores como la empatía, el respeto y la convivencia, aunque reconoció que el entorno digital agrava la problemática. «Las redes sociales hacen que el acoso no termine al salir del aula; se prolonga las 24 horas del día y los siete días de la semana», afirmó.
Desde la Junta se insiste en que el caso servirá para revisar los protocolos de actuación y fortalecer la coordinación entre administraciones, docentes y familias, con el objetivo de evitar que tragedias como la de Sevilla puedan repetirse.