El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía por el pago del déficit de explotación de la línea 1 del Metro suma un nuevo capítulo. El gobierno municipal que encabeza José Luis Sanz ha presentado un segundo recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Fomento, que le reclama otros 16,5 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2024.
Esta nueva exigencia se suma a los más de 133 millones reclamados a finales de 2024, que el Consistorio ya impugnó ante los tribunales. En total, la deuda que la Junta atribuye al Ayuntamiento supera los 150 millones de euros.
El origen del conflicto se remonta a un convenio firmado en 2002 entre la Junta y los ayuntamientos de Sevilla, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache y Dos Hermanas. El acuerdo establecía que las administraciones locales asumirían, de forma proporcional a su población, el 25% del déficit tarifario del suburbano —la diferencia entre el coste real del servicio y lo que paga el usuario—.
Sin embargo, desde que el metro comenzó a funcionar en 2009, el Ayuntamiento de Sevilla no ha abonado ninguna cantidad. Los sucesivos alcaldes, tanto del PSOE (Sánchez Monteseirín, Espadas y Muñoz) como del PP (Zoido), dejaron sin ejecutar ese compromiso, generando una deuda que la Junta ha reclamado formalmente en los últimos meses.
El recurso del gobierno de Sanz
Ante la reclamación de 133 millones por el periodo 2009-2023, el equipo de gobierno presentó en enero un recurso contencioso-administrativo urgente, que consiguió suspender cautelarmente el pago para evitar la acumulación de intereses. Ahora, con el primer procedimiento aún en trámite, la Junta ha remitido un nuevo requerimiento fechado el 16 de septiembre, reclamando otros 16,5 millones por 2024.
El Ayuntamiento ha vuelto a responder con un nuevo recurso, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 de septiembre, con la intención de que la Justicia adopte la misma medida de suspensión.
Según un informe del secretario general del Pleno, en el que se apoya el recurso, la Junta no ha respondido a las cuestiones jurídicas planteadas por el Ayuntamiento sobre la vigencia y legalidad del convenio. En el documento se alegan la vulneración de los principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional, así como discrepancias en el cálculo de las cantidades reclamadas.
Además, el Consistorio recuerda que la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableció un plazo para adaptar los convenios con financiación municipal, quedando sin efecto los que no se modificaran, como sería este caso.
Antecedentes judiciales
No es la primera vez que el Ayuntamiento lleva este asunto a los tribunales. En 2012, el gobierno de Juan Ignacio Zoido también recurrió una reclamación de la Junta por más de 16 millones correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló aquellas liquidaciones al considerar que el órgano que las emitió no era competente.
El actual gobierno local insiste en que la línea 1 del metro es un servicio metropolitano y, por tanto, de competencia exclusiva autonómica. Por ello, confía en que la Justicia vuelva a darle la razón y evite el pago de una deuda que ya supera los 150 millones de euros.