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La Junta de Andalucía ha cancelado desde 2024 un total de 1198 viviendas turísticas en la provincia de Sevilla, de las que 1067 corresponden a la capital, tras aplicar medidas de control y regulación en colaboración con los ayuntamientos. Así lo ha confirmado la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que ha destacado la importancia de reforzar la ordenación de este tipo de alojamientos ante su proliferación en los últimos años.
En el conjunto de Andalucía, entre 2024 y agosto de 2025, se han producido 10.266 cancelaciones de VUT por incumplimientos urbanísticos o turísticos, a instancias tanto de la Administración autonómica como de los municipios. Málaga es la provincia con más expedientes cancelados (3.812), seguida de Granada (1.807), Cádiz (1.352) y Sevilla (1.198). En total, las capitales de provincia concentran el 45% de las cancelaciones registradas.
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha subrayado que «nuestra gestión turística no está pensada sólo para el visitante», defendiendo que el modelo andaluz de turismo debe contar con el residente como «actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas». Bernal ha valorado los convenios firmados hasta ahora con Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería, y ha anunciado que se están ultimando acuerdos con Córdoba, El Puerto de Santa María y Alhaurín El Grande.
El consejero ha recordado además que la Junta lleva tres años reclamando al Ministerio de Turismo la convocatoria de una Conferencia Sectorial para abordar el fenómeno de las VUT a nivel nacional. «Continuamos sin respuestas. Sorprende el poco peso que el turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España», ha lamentado.
Entre las medidas recientes, Bernal ha destacado el Decreto 31/2024, que permite a los ayuntamientos fijar limitaciones proporcionadas al número de viviendas turísticas en función de criterios objetivos, y el Decreto-ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, que ofrece a los municipios mayor seguridad jurídica para adaptar esta actividad económica a su modelo urbano. Asimismo, se han impulsado nuevas herramientas de control como la integración de bases de datos, convenios de colaboración con ayuntamientos y el uso de técnicas de web scraping para detectar irregularidades.