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A veces las deudas no solo se miden en cifras, sino en años de vida. Es lo que le ocurrió a una mujer sevillana que, con apenas 20 años, se estrenó en el mundo adulto comprando una vivienda en Córdoba junto a su pareja. La ilusión duró poco: la relación se rompió, él dejó de pagar la hipoteca y ella, en baja maternal, ni siquiera supo del impago hasta su vuelta al trabajo.
Cuando intentó arreglarlo, ya no era una hipoteca corriente: había 10.000 euros más en tarjetas de crédito, intereses disparados y un préstamo imposible de sostener. Un crédito de su empresa le permitió tapar parte del agujero, pero no el principal: 90.000 euros que se convirtieron en una sombra persistente.
Durante seis años, su nómina fue territorio embargado. Luego llegó un nuevo actor: un fondo de inversión que compró su deuda y se cobró hasta de ayudas sociales destinadas a madres trabajadoras. No hubo tregua.
En 2025, tras cambiar de ciudad y vida, decidió que ya era suficiente. Acudió a un despacho especializado que presentó su caso bajo la Ley de Segunda Oportunidad. El pasado 24 de julio, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla firmó su liberación: 12.500 euros cancelados y la posibilidad de conservar su coche.
Quince años después, la protagonista de esta historia empieza agosto sin llamadas de acreedores, sin nóminas retenidas y sin sobres con notificaciones judiciales. Lo que queda ahora es algo que no se cuantifica en euros: la posibilidad real de volver a empezar.