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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que la capital hispalense no puede aplicar una moratoria de tres años para las viviendas turísticas como sí ha hecho Málaga, porque en 2022 el PSOE modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin contemplar esa posibilidad. En declaraciones a Canal Sur Radio, Sanz insistió en que «en Sevilla no cabe ninguna vivienda de uso turístico más» y reivindicó que el Consistorio ha sido el primero en Andalucía en limitar su crecimiento en áreas como el centro histórico y Triana, aunque siempre «dentro de la ley de la Junta de Andalucía».
Pese a esa afirmación, el propio alcalde reconoció que la regulación vigente no permite al Ayuntamiento aplicar medidas más contundentes, dejando la responsabilidad última en manos de la Junta. Esta limitación, que Sanz atribuye a la anterior corporación, no ha impedido que otras ciudades hayan adoptado estrategias más ambiciosas para frenar un fenómeno que sigue presionando el mercado de la vivienda y expulsando a vecinos de sus barrios.
Reclamo a la Junta para endurecer la norma
Sanz reclama que el decreto autonómico que regula las viviendas turísticas sea «mucho más duro», poniendo como ejemplo el modelo de la Comunidad de Madrid. Según explicó, el Consistorio mantiene conversaciones con la Junta de Andalucía para estudiar cómo endurecerlo y permitir a los ayuntamientos fijar criterios más restrictivos a la hora de conceder licencias. Sin embargo, la medida llega en un momento en el que la presión vecinal por la turistificación es creciente y las soluciones parecen demorarse en el tiempo.
Zona azul y tasa turística sobre la mesa
En paralelo, el alcalde adelantó que se estudia ampliar la zona azul en la ciudad, respondiendo a peticiones vecinales, aunque sin concretar plazos ni criterios.
Asimismo, se mostró partidario de implantar una tasa turística, justificando que «Sevilla recibe todos los años casi cuatro millones de visitantes y tiene que mantener el casco histórico más importante de España». Para Sanz, «es imposible mantener el volumen turístico de Sevilla con el IBI de los sevillanos» y cubrir con ese recurso los servicios adicionales de limpieza y seguridad que exige la afluencia masiva de visitantes. No obstante, la propuesta sigue sin un calendario definido, mientras la ciudad continúa recibiendo un flujo turístico que, sin una regulación clara, agrava las tensiones urbanas y residenciales.