La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una red criminal dedicada a la exportación ilegal de residuos peligrosos al continente africano, concretamente a Ghana.
La operación, desarrollada el pasado 23 de julio en el marco de la denominada Operación Revolución Verde impulsada por la Junta de Andalucía, se ha saldado con la detención de tres personas en Sevilla y la investigación de una cuarta en la provincia de Murcia, todos de nacionalidad ghanesa. La actuación se enmarca en las medidas de protección medioambiental y lucha contra el tráfico ilegal de residuos que lleva a cabo la administración autonómica.
La investigación, dirigida por la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM), ha requerido varios meses de vigilancia discreta en un punto de almacenamiento ubicado fuera del núcleo urbano de Sevilla. Las labores de seguimiento se complicaron por la ausencia de lugares seguros para la observación y la dispersión del material.
Durante la intervención, los agentes interceptaron un envío de 19.021 kilos de motores de vehículos sin descontaminar, almacenados sin estiba ni contenedores y mezclados con restos de aceites de distintas viscosidades. También se hallaron depósitos de gasolina con combustible residual y otras dos toneladas de residuos contaminados con aceites y sustancias peligrosas, todo ello sin medidas de seguridad ni control ambiental.
El contenedor, que iba a ser embarcado en el Puerto de Algeciras con destino a Ghana, contaba con documentación aduanera que no coincidía con su contenido real, lo que apunta a un presunto delito de falsedad documental y posible fraude aduanero. La normativa internacional prohíbe expresamente el envío de residuos peligrosos a este país, que carece de infraestructuras adecuadas para su tratamiento.
Según las pesquisas, el objetivo de los implicados era reutilizar los motores en otros vehículos y desechar el resto de piezas sin ningún proceso de reciclaje ni protección medioambiental. Ninguno contaba con autorización administrativa para manipular, transportar o exportar este tipo de materiales, en incumplimiento de la legislación vigente.
Los detenidos se enfrentan a delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como a cargos por pertenencia a grupo criminal. El caso está dirigido por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla y el Juzgado de Instrucción de la capital.
Esta operación, según subraya la Junta de Andalucía, pone de relieve el compromiso de la UPA y de la Agencia Tributaria con la defensa del medio ambiente, el cumplimiento de la ley y la lucha contra el tráfico internacional de residuos peligrosos.