El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, ha defendido ante el juez del caso ‘Koldo’ que la declaración de emergencia para las obras del Puente del Centenario de Sevilla se tomó por una razón técnica y justificada: la existencia de un «grave riesgo» estructural. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, Herrero aporta un dossier con informes que, según su versión, acreditan la necesidad inmediata de sustituir los tirantes del puente por los problemas que presentaban.
Según argumenta el ex alto cargo del Ministerio de Transportes, los estudios estaban firmados por al menos ocho ingenieros de Caminos, Canales y Puertos —algunos de ellos funcionarios— que advirtieron sobre «una situación de grave peligro que era necesario mitigar de inmediato». A su juicio, estos técnicos actuaron «en cumplimiento de su deber» y «guiados por el principio de disminución del riesgo existente», por lo que considera que su interés en que la obra se aprobara por emergencia estaba plenamente justificado.
Herrero, imputado en la presunta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones que se investiga en el caso ‘Koldo’, recuerda en su defensa que su responsabilidad como director general de Carreteras incluía «velar por el buen estado y la seguridad de la red viaria del Estado». En ese sentido, alude a antecedentes graves como el colapso del puente de Morandi en Génova en 2018, donde murieron 43 personas, o el del puente de Fernando Reig en Alcoy en 2016.
En su escrito, insiste en que el procedimiento de emergencia «era el más adecuado», ya que permite actuar «de forma más rápida y flexible que el procedimiento de licitación habitual». Además, su abogado, Jesús Mandri, critica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incurriera en un error al considerar que se trataba de una licitación y que se proponía una adjudicación concreta. Herrero alega que ni se proponía una empresa ni se trataba de una licitación al uso, y que conservaba una copia del dossier «por si precisamente se producía algún incidente o siniestro» relacionado con los tirantes del puente.
La versión de la UCO: presiones, licitaciones y beneficios
Frente a esta defensa técnica, los informes de la Guardia Civil dibujan una posible trama de intereses políticos y económicos en torno a esta obra. Según los investigadores, algunos de los implicados habrían intentado cobrar «presuntas contraprestaciones económicas» tras la adjudicación de la sustitución de los tirantes del Puente del Centenario, una obra contratada inicialmente en 2021 por 86,4 millones de euros.
En una de las grabaciones analizadas, se menciona a Acciona, finalmente adjudicataria del proyecto, como la empresa que habría generado beneficios económicos para el entonces ministro José Luis Ábalos. Los informes apuntan a que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya conocía los detalles de la obra en 2018 y habría presionado para que se licitara. Incluso se describe cómo Koldo García —asesor de Ábalos— pidió al ministro que intercediera ante el entonces secretario de Estado, Pedro Saura, que según los testimonios se oponía a aprobar la declaración de emergencia.
El anuncio de licitación se publicó finalmente en septiembre de 2020. En enero de 2021, Herrero comunicó a Koldo que Acciona «era la más barata», y la adjudicación se formalizó el 17 de mayo por 71 millones de euros. En los años posteriores, el presupuesto fue incrementándose: primero hasta los 102,8 millones, y más recientemente, hasta los 128,7 millones, según los últimos datos del Gobierno.
El caso sigue bajo investigación judicial, y aunque Herrero insiste en la justificación técnica de la obra, la instrucción trata de esclarecer si existieron irregularidades en la tramitación y adjudicación del contrato.