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La Audiencia de Sevilla ha condenado a un médico a un año y seis meses de prisión y a tres años y tres meses de inhabilitación especial para ejercer su profesión, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido como funcionario público. El fallo judicial le atribuye 17 accesos no autorizados al historial médico de un antiguo socio con quien mantenía un conflicto personal y económico, utilizando para ello las claves del sistema Diraya que pertenecían a su esposa, enfermera gestora en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Según recoge la sentencia, emitida el pasado 10 de enero por la Sección Primera de la Audiencia, el médico —entonces contratado por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria del Bajo Guadalquivir— accedió a la información entre el 24 de febrero de 2016 y el 1 de marzo de 2018. Lo hizo, según el tribunal, «consciente de que ello vulneraba su intimidad y a sabiendas de que no lo podía hacer al carecer de su autorización y no asistirle médicamente».
Los accesos al historial de su exsocio se produjeron en diversas ocasiones, incluso de madrugada. La esposa del acusado también fue investigada, pero finalmente absuelta tras acreditarse que «fue ajena a esos accesos realizados por parte de su marido» y que solo supo del uso indebido de sus credenciales cuando se le notificó un expediente disciplinario en enero de 2019.
La sentencia recoge además que, al inicio del procedimiento administrativo, la enfermera asumió los hechos presionada por su marido y por los asesores legales que tenía en ese momento, «convencida por su marido» de que si contaba la verdad él podría ingresar en prisión. Más adelante, asesorada por otro abogado, negó toda participación.
Antes del juicio, el médico ingresó voluntariamente 15.000 euros en la cuenta del tribunal «a fin de satisfacer los posibles perjuicios derivados de su conducta», tanto en su nombre como en el de su esposa.
Finalmente, la Sección Primera de la Audiencia le impone, además de la pena de cárcel e inhabilitación, una multa de 10.480 euros y la obligación de indemnizar a su exsocio con 15.000 euros. Su esposa ha sido absuelta de todos los cargos.