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El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla abre diligencias tras una denuncia sobre las ayudas concedidas por la Junta al proyecto ‘Senderos del Rocío’, impulsado por el cantante sevillano José Manuel Soto. Como parte de la investigación, el juzgado ha solicitado al Ejecutivo andaluz información sobre el cumplimiento del contrato y los pagos realizados. Asimismo, el juzgado instructor ha solicitado detalles sobre el cumplimiento del contrato, las cantidades abonadas, el destinatario de los fondos y la partida presupuestaria de la que proceden.
Esta investigación judicial surge a partir de una denuncia interpuesta ante los juzgados de instrucción de Sevilla el pasado 12 de febrero por el grupo parlamentario Por Andalucía solicitando la «apertura de diligencias a fin de determinar» posibles «conductas tipificadas como delitos, así como sus autores y grado de participación en los mismos», en relación a un contrato y subvenciones concedidas por la Junta este proyecto impulsado por Soto. Además, pedían que se determine la «eventual participación» en estos hechos del propio presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), y del por entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
«Corrupción de amiguetes»
La portavoz del grupo, Inma Nieto, y el diputado José Manuel Gómez Jurado acudieron al juzgado, donde expusieron su sospecha de que se ha producido un caso «de corrupción de amiguetes en el que se le da dinero a un tipo simplemente por ser amigo del presidente de la Junta», y en ese sentido han justificado su denuncia al entender que hay «indicios muy sólidos de la comisión de delitos muy graves».
Por Andalucía alude a unas declaraciones del presidente de la Junta en un acto de presentación del referido proyecto para señalar que venía «a reconocer que la única referencia concreta a la ‘idea’ que sustenta el contrato no tiene ni proyecto, ni documento ni ningún elemento tangible que no sea la mirada vehemente a los ojos y la explicación con inteligencia natural del empresario» José Manuel Soto.
La denuncia del grupo parlamentario además habla de un «irregular, surrealista y casposo ‘modus operandi’» para describir la adjudicación del contrato, y advierte de que «la ‘oferta’ económica del empresario, que el contrato afirma existir, no tiene plasmación documental alguna». «Un segundo indicio del carácter ficticio y fraudulento del contrato público es el manifiesto incumplimiento del objeto» del mismo, continúa relatando la denuncia, que en ese sentido apunta que «el trabajo presentado» por José Manuel Soto «no cumple con las exigencias del contrato y parece estar elaborado con una simple aplicación de inteligencia artificial».