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La Audiencia de Sevilla ha comenzado este miércoles el juicio con jurado popular contra dos varones acusados de allanamiento de una vivienda en la capital hispalense en octubre de 2020, agredir con un hacha o machete a un menor de 17 años de edad que estaba en su interior y amenazar y lesionar a sus abuelos. La Fiscalía reclama 21 años de cárcel para cada uno por los hechos.
El juicio ha comenzado con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en la causa. Los acusados por allanamiento han solicitado declarar al final del juicio, tras la celebración de las pruebas testificales y periciales, extremo que ha aceptado el tribunal.
No obstante, sí han intervenido sus abogados defensores para desligarles de los hechos que, según la Fiscalía, se produjeron sobre las 00:00 horas del 11 de octubre de 2020, cuando los dos acusados se personaron en un domicilio de la capital hispalense donde vivía una pareja en busca de un nieto de la misma de 16 años que «horas antes había tenido una pelea» con otros menores entre los que se encontraban los hijos de uno de los encausados.
Amenazas con un hacha o un machete
Según el Ministerio Público, los acusados por allanamiento, junto a sus dos acompañantes no identificados, «llamaron a la puerta, con intención clara de entrar a la vivienda a toda costa, provistos de instrumentos peligrosos, entre ellos un objeto parecido a un hacha o machete». De este modo, abrieron la puerta los abuelos del menor, «comenzando de manera muy agresiva» uno de los investigados «a preguntar por su nieto, dándoles empujones» y propinando un golpe al abuelo.
Así, «consiguieron flanquear la puerta, apartar a estas dos personas y entrar violentamente» en la vivienda buscando al nieto de esta pareja, que trató de impedir que continuasen penetrando en la vivienda. Sin embargo «los acusados lograron ir cada vez más al interior, en dirección a las habitaciones, en busca del menor». Todo ello, en un momento en el que se encontraban también en el domicilio otros cuatro nietos de la pareja de 13, 12, 10 y 5 años, respectivamente.
La Fiscalía añade que la abuela de los pequeños consiguió agarrar a uno de los acusados por el brazo para impedir que continuase avanzando hacia el lugar en el que estaban sus nietos, momento en el que éste «se giró y, levantando el hacha o machete, le dijo de manera directa y amedrentándola ‘no te acerques’», supuestamente.
«Clara intención de causar la muerte»
El menor de edad al que los acusados buscaban «consiguió refugiarse en la cocina, cerrando la puerta que da acceso desde el pasillo», momento en el que uno de los investigados llegó frente a la puerta y empezó presuntamente «a dar golpes para conseguir romperla y acceder para agredir» al joven, «no logrando conseguirlo ante la fuerza desplegada» por éste para impedir que entrasen.
Seguidamente, y según el escrito de acusación del Ministerio Público, los acusados y sus acompañantes se dirigieron a una de las habitaciones de la vivienda, donde se encontraba un joven de 17 años hermano del menor al que buscaban, quien «cerró la puerta, empujando», no obstante lo cual los investigados lograron acceder al interior, «dándole golpes y patadas y con clara intención de causar la muerte», habrían propinado «con el hacha o machete un fuerte golpe en la zona del oído izquierdo» de la víctima.
Ante el jurado popular, el abogado de uno de los acusados ha alegado que al tiempo de los hechos, este hombre «estaba en Benalmádena» con dos personas más, con lo que no tuvo «absolutamente nada que ver» con lo sucedido, además de que su identificación policial se produjo «cuatro meses después de los hechos», incluso cuando inicialmente se apuntaba a un individuo «calvo» y su cliente tiene «buen pelo».
Demasiados «meses» transcurridos
La defensa del otro acusado ha cuestionado igualmente los reconocimientos policiales de los inculpados, negando que fueran «reconocidos» debidamente y con todas las garantías. Sobre todo porque como ha señalado, entre los hechos y tales reconocimientos policiales transcurrieron «muchos meses sin ningún tipo de dato». Además, anuncian el depósito judicial de 5000 euros por si finalmente se considerase algún tipo de responsabilidad civil por parte del acusado.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita para cada acusado dos años de prisión y una multa de 2160 euros por un delito de allanamiento de morada. A esto, se suma un año de cárcel por cada uno de los dos delitos de amenazas que les atribuye, nueve años de cárcel por un delito de tentativa de asesinato con alevosía, cuatro años de prisión por cada uno de los dos delitos de lesiones por los que les acusa y una multa de 540 euros por un delito leve de lesiones. También reclama que en concepto de responsabilidad civil, paguen distintas cantidades a los afectados que alcanzan en total los 36.107 euros.