El Ayuntamiento de Sevilla está promoviendo actualmente una licitación para contratar un «diagnóstico y depuración jurídico-patrimonial de viviendas municipales» que abarque «la investigación, la comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación de 82 viviendas municipales (VPO)» que estarían afectadas por «irregularidades» como «subrogaciones no autorizadas» u ocupaciones ilegales, entre otros aspectos. Estas se encuentran en calles como las de Regla Sanz, María Ortiz, Clara Jesús Montero, Manuel Arellano, Ardilla, Bernardo de Toro, Hermanas de la Cruz o madre San Marcelo.
En la actualidad, Sevilla tiene 867 viviendas en alquiler gestionadas por el Servicio de Patrimonio. Sin embargo, muchos de los contratos que permiten su uso son antiguos, algunos con más de 30 o 40 años, lo que ha generado problemas en su gestión, especialmente por situaciones irregulares, «como subrogaciones no autorizadas, ocupaciones de viviendas sin título que lo habilite, etcétera», expone el pliego técnico que regula este concurso público.
El objetivo de este contrato es identificar y solucionar estas irregularidades, para mejorar la gestión de estas viviendas y permitir su uso para fines sociales o públicos. Se realizará un análisis detallado de la situación legal de las mismas, se verificará quién las ocupa y se valorarán para tomar decisiones informadas en el futuro.