El precio no será el principal criterio al valorar las adjudicaciones de los contratos del Consistorio y sus empresas públicas y organismos autónomos, evitando así las denominadas ‘bajas temerarias’ en los concursos públicos.
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha presentado hoy su propuesta de cláusulas sociales que afectará a todas las contrataciones que realicen tanto el propio Ayuntamiento como sus empresas públicas y organismos autónomos. Espadas espera que este proyecto entre en vigor a mediados de marzo.
Estas cláusulas sociales, que se trasladarán al contenido de los pliegos de licitación, condicionarán las adjudicaciones y tendrán un seguimiento durante la ejecución, implican que, a partir de ahora, los contratos perseguirán tres prioridades. La primera hace referencia al mercado de trabajo: creación de empleo, integración social, estabilidad laboral e impulso a la economía social y las pymes. La segunda se centra en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad. Y la tercera se centra en la igualdad de oportunidades. Espadas ha sostenido que, con esta iniciativa, Sevilla se coloca “a la vanguardia” entre todos los ayuntamientos de España.
A partir de ahora, ha agregado, el anteproyecto se somete a las aportaciones de los grupos políticos y también de las organizaciones empresariales y sindicales, un proceso que se prolongará hasta el próximo 23 de febrero, siendo el objetivo que el Decreto de Alcaldía sea firmado a mitad de marzo para su inmediata entrada en vigor.
Con carácter general, el precio no será el único criterio de valoración de las ofertas en los pliegos de contratación pública, para de esta forma evitar las llamadas ‘bajas temerarias’ que pongan en riesgo obras y servicios adjudicados, se incrementará la publicidad de los procesos y se mejorará la planificación, al publicarse en cada primer trimestre de año la previsión de las licitaciones (tipo de contrato, estimación económica y fecha) para el conjunto del ejercicio.
Juan Espadas, quien en la presentación ha estado acompañado por el delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores, ha explicado que este pliego de cláusulas sociales en los contratos públicos se ha elaborado a partir de un grupo de trabajo “técnico y multidisciplinar” y tras unas jornadas abiertas de participación con expertos, asociaciones y entidades.
Empleo
Entre las medidas del anteproyecto sobre cláusulas sociales, se contempla arbitrar mecanismos de puntuación para fomentar el empleo local, valorando la creación de puestos de trabajo, la estabilidad de la plantilla, el incremento de ésta y la contratación de desempleados de larga duración y en riesgo de exclusión social o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
Se favorecerá a pymes y autónomos para iniciar sus contratos con la administración pública, impulsando así el tejido productivo local de menor dimensión.
Medio ambiente
El medio ambiente incluido en la contratación del Ayuntamiento de Sevilla y de sus empresas públicas y organismos autónomos se reflejará en la aplicación de normas de gestión ambiental, el uso de tecnologías y equipamientos que favorezcan el ahorro energético, la exigencia de etiquetas sociales o ambientales en la fabricación de los productos o en los servicios, la prohibición de uso de materiales nocivos y el consumo responsable.
Igualdad de oportunidades
En este terreno, se valorará en la puntuación la incorporación de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y exreclusas (colectivos de inserción y reinserción social), así como la contratación efectiva de mujeres en sectores de actividad con subrepresentación femenina. Además, las compañías con plantillas inferiores a 100 personas deberán diseñar medidas que mejoren los derechos en relación a la igualdad de trato y de oportunidades, la prevención del acoso y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Las empresas adjudicatarias, además, deberán acreditar mediante una declaración responsable el cumplimiento de la reserva mínima del 2 por ciento de trabajadores con discapacidad para compañías de más de 50 empleados.