Entre los imputados se encuentra Juan José García, superintendente de la Policía Local, por la presunta filtración de los contenidos de los exámenes a la Policía Local en 2012.
El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha procesado a 45 personas, entre ellas el superintendente del Cuerpo de la Policía Local hispalense, Juan José García, por la presunta filtración de los contenidos de los exámenes en las dos convocatorias de empleo público promovidas en el año 2012 por el Ayuntamiento para cubrir puestos de la Policía Local.
Según señalan agencias, en el auto del 28 de agosto, el juez Juan Jesús García Vélez procesa a los imputados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, y da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral.
El juez relata que fue el 1 de abril de 2011 cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de selección de aspirantes para cubrir 47 vacantes existentes en el Cuerpo de Policía Local, tras lo que el desarrollo de dicha convocatoria se llevó a cabo «de forma casi paralela» con la convocatoria realizada en BOP de 11 de septiembre de 2008 de proceso de selección de aspirantes para cubrir 56 vacantes en el mismo Cuerpo.
Por lo que respecta al proceso selectivo de 47 plazas, el juez señala que el Tribunal estaba formado por el superintendente, como presidente, y tres vocales que son agentes también del Cuerpo, mientras que como suplentes figuraban otros dos agentes y como secretario había sido designado Luis Enrique Flores, que por su función como secretario general del Ayuntamiento delegó sus funciones en un funcionario municipal.
El juez explica que, a dicho proceso selectivo, «se presentaban ciertos aspirantes a los que, sin tomar en consideración su mérito o capacidad, y sin perjuicio de que se pudiera llegar a dictar una resolución injusta, determinados miembros del Tribunal tenían intención de favorecer», poniendo como ejemplo que el superintendente era en esas fechas compañero sentimental de la hermana de un opositor y tío de otro aspirante.
Este último imputado, «pese a constarle estos vínculos con opositores, no se abstuvo de participar en dicha oposición, ni puso en conocimiento de la autoridad que lo designó la existencia de los mismos», pone de manifiesto el juez, que también cita el caso de Manuel Bustelo, presidente del SPPME-A y padre de uno de los opositores a este proceso de selección.
Según el auto, un total de 19 aspirantes «obtuvieron de los miembros del Tribunal la filtración de la plantilla de corrección del examen caso práctico, con anterioridad a su celebración el 2 de junio de 2012», una «filtración» que fue realizada «de forma intencionada y con ánimo de favorecimiento» por el superintendente y otros cuatro miembros del Tribunal. El juez pone de manifiesto que, en los exámenes de caso práctico de los opositores beneficiados por la entrega previa del examen y la plantilla de corrección, «se comprobó la existencia de erratas e incorrecciones que solo aparecían en la plantilla filtrada».
Tras la realización de las pruebas, en fecha 12 de junio de 2012, el superintendente y otros miembros del Tribunal «firmaron el acta final, manifiestamente injusta, que daba por superada la prueba y declaraba aptos a los opositores antes enumerados», indica el juez, señalando que entre los opositores beneficiados por la «filtración» figura el hijo del delegado y responsable de ventas de una empresa «que ha resultado beneficiaria de la adjudicación de diversos contratos para el suministro de vestuario» para la Policía Local de Sevilla de 2007 a 2013.
El juez asevera que el superintendente y otro miembro del Tribunal «tenían intención expresa de favorecer en este proceso selectivo a determinados opositores, sin consideración alguna a los requisitos de mérito y capacidad, y aún cuando la resolución a adoptar para ello fuera injusta». En lo que respecta a la revelación de preguntas y su corrección del examen tipo test, que ascendían a 80, resultaron beneficiados 16 opositores, quienes, «habiendo tenido acceso exclusivamente a las 80 preguntas» tipo test, «fallaron de forma contundente» en las 20 preguntas elaboradas por las vocales funcionarias de la Junta de Andalucía.