La Consejería de Justicia e Interior ha pedido al Ayuntamiento su apoyo a Los Gordales al considerar este terreno más viable y con menos inconvenientes.
La Consejería de Justicia e Interior ha remitido este viernes al Ayuntamiento de Sevilla el informe técnico sobre el estudio de las propuestas municipales para ubicar la Ciudad de la Justicia en El Prado de San Sebastián, en el cual se detallan las objeciones sobre esta infraestructura, cuya envergadura tendría un impacto «muy negativo» para la ciudad por la construcción de grandes edificios de hasta 12 plantas en un reducido espacio.
Según la nota, la Consejería tras analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento ha concluido que para ejecutar el proyecto «sería necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana y habría que aumentar la edificabilidad en esta zona de manera considerable», por lo que ha mostrado su rechazo a dicho proyecto.
Además, «sería necesario realizar un estudio por el potencial arqueológico de la zona y habría que comunicar a la Unesco cualquier actuación en este espacio por su incidencia directa sobre los bienes declarados patrimonio mundial, muy cercanos al lugar del proyecto».
Desde la Junta se considera que estos efectos «podrían tener unas consecuencias negativas en la imagen de la ciudad y en la de su patrimonio histórico y cultural, afectando claramente al turismo», a lo que se suma que la propuesta municipal «también supondría la eliminación de zonas verdes y una mayor saturación de una zona estratégica de la ciudad ya muy congestionada».
Además, el diseño plantado por el Ayuntamiento «no responden al modelo de Ciudad de la Justicia de unificar todas las sedes judiciales en un complejo único y comunicado», sino «al contrario», ya que «propone una serie de edificios aislados y sin conexión entre sí, lo que afectaría a la movilidad y confortabilidad de usuarios y profesionales».
Por todo ello, la Junta considera «más adecuado y conveniente» que la Ciudad de la Justicia se construya en los terrenos de Los Gordales, «por presentar muchas más ventajas y evitar algunos de los inconvenientes citados, ya que no se precisaría aumentar la edificabilidad ni modificar el PGOU y no habría ninguna afección en materia de patrimonio histórico».
La opción de Los Gordales, según la Junta, «permite abordar además las obras por fases, adecuándolas a las posibilidades presupuestarias y a las previsiones a medio plazo de nuevas necesidades, terminando así con la dispersión actual y permitiendo que en el futuro todos los órganos y servicios de la Administración de Justicia de Sevilla se sitúen en un espacio superior a los 220.000 metros cuadrados».
Los Gordales, la zona «idónea»
El departamento que dirige Emilio de Llera ha pedido al alcalde de la capital, Juan Ignacio Zoido, que apoye el proyecto defendido por la Junta en Los Gordales al considerar esta zona «idónea» para la construcción de esta infraestructura «que paliará la dispersión actual y la actual insuficiencia de instalaciones».
La Consejería sostiene que estos terrenos «son un lugar adecuado por disponer de espacio suficiente para albergar las actuales sedes judiciales y asumir también necesidades y crecimientos futuros».
Justicia e Interior critica, en este sentido, que el Gobierno municipal «no haya valorado el impacto visual que tendría una infraestructura de estas características» en el centro de Sevilla, lo que «podría acarrear consecuencias negativas para el turismo y el patrimonio histórico y cultural al existir el riesgo de que la Unesco amonestase a la ciudad por instalar un elemento discordante en un entorno de especial protección».
Vílchez acusa a la Junta de darle “la espalda” a Sevilla
Tras conocerse la noticia, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha asegurado que “la Junta de Andalucía le da la espalda a Sevilla con su negativa a la ciudad de la Justicia ya que ni siquiera han consignado en los presupuestos ni un euro para llevar a cabo el proyecto”.
“La Ciudad de la Justicia es fundamental para los sectores afectados y para los sevillanos, por lo que la Junta no puede estar siempre dando la espalda a los sevillanos” ha explicado Vílchez quien ha añadido que “le dan la espalda a todos los proyectos necesarios como ha sido el caso del puente de Torneo, la Gavidia, el aparcamiento de la Alameda”.
Maximiliano Vílchez ha destacado que “las respuestas que nos dan son incongruentes, en general se solicita que se acredite la viabilidad patrimonial. La viabilidad patrimonial depende de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico con lo cual se solicita un requisito que depende de la Junta de Andalucía”.
“Por otro lado es curioso argumentar estas circunstancias patrimoniales en este entorno cuando la Junta presentó para el Equipo Quirúrgico, un proyecto muy arriesgado, con una fachada compuesta de un aplacado metálico y de dudoso encaje patrimonial. Cuando lo presenta la Junta sí se considera oportuno lo arriesgado y vanguardista del Proyecto, si lo presenta el Ayuntamiento hay que acreditar la viabilidad patrimonial”, ha explicado Vílchez.
Según Vílchez, “es más que curioso que ahora la Junta de Andalucía se escude en la UNESCO para cuestionar un proyecto municipal, cuando en todo el proceso de la Torre Pelli ignoró completamente sus indicaciones y recomendaciones, y cuando esa negligencia ha puesto en riesgo la declaración de Patrimonio de la ciudad”.
El delegado de urbanismo ha dejado claro que “estamos hablando de un nuevo NO a los sevillanos y que la Ciudad de la Justicia es fundamental para Sevilla, por ello le pido al consejero y a la Junta que reconsideren su negativa y piensen en los ciudadanos en lugar de en sus intereses electorales”.
Los juzgados en El Prado, “idóneos”
Por su parte, el Colegio de Procuradores de Sevilla entiende “prioritario que tanto Ayuntamiento, como Junta de Andalucía y organismos competentes lleguen a un acuerdo que se plasme en un proyecto concluyente, donde prime principalmente la atención y beneficio de la ciudadanía, entendiendo que la zona de El Prado de San Sebastián reúne una serie de características de comunicación ya existentes, como metro, autobús urbano, autobús media/larga distancia, tren, conexión con el aeropuerto, así como de edificios judiciales ya construidos y dotados de medios necesarios, que aunque son mejorables y pueden ser modernizados, ya cuentan con instalaciones y recursos básicos para su funcionamiento”.
El Colegio interpreta que todo esto “supondría un menor coste para las administraciones públicas que iniciar una construcción de edificios y comunicaciones desde cero, y que la zona de El Prado la hacen idónea, más si cabe, por ser históricamente la zona judicial de Sevilla, contando con numerosos despachos de profesionales (procuradores, abogados, notarios, registradores…) en su cercanía, existiendo ya una proximidad que facilita el acceso tanto a los justiciables como a los profesionales de la justicia, redundando todo ello en una mayor agilidad, por lo que considera que sería un proyecto más viable y económico”.
Igualmente, la zona de El Prado “permitiría su adaptación y modernización de forma gradual y escalonada sin suponer un trastorno, ni una dispersión de las zonas judiciales desde que se comience hasta su finalización definitiva”.
En apoyo a El Prado como la zona adecuada, desde el Colegio de Procuradores de Sevilla entienden “muy positiva la cesión por parte del Ayuntamiento hispalense de suelos de titularidad pública y la disponibilidad para que ese proyecto sea llevado a cabo en esa zona”.
Por todo ello, “esperamos y deseamos que las distintas administraciones implicadas lleguen a un acuerdo definitivo para que la tantas veces anunciada Ciudad de la Justicia de Sevilla sea una realidad, primando por encima de cualquier interés el de la ciudadanía, poniendo a su disposición unas infraestructuras perfectamente preparadas, cercanas y accesibles”, afirma Isabel Escartín, decana de los Procuradores de Sevilla.