Abogados de los ocupantes de las viviendas de Nuevo Amate critican que el cordón policial creado impide que puedan salir del edificio, así como la entrega de productos de primera necesidad.
Los abogados del Grupo 17 de Marzo han denunciado este viernes el cerco policial que sufren las personas que han ocupado unas viviendas deshabitadas propiedad de Emvisesa en la Barriada Nuevo Amate. Según afirman, estas seis viviendas han sido ocupadas por familias sin recursos con hijos menores a cargo y con una extrema necesidad, todas peticionarias de vivienda pública y sin ingresos.
Los letrados han presentado un escrito ante la Fiscal Jefe, el Defensor del Pueblo y el Juzgado de Guardia, denunciando un posible delito de coacciones a las familias, al considerar que el cordón policial creado a las puertas del bloque de viviendas -formado por agentes de la Policía Nacional y Local- «se está excediendo en el marco de sus competencias».
Los abogados denuncian que a las familias se les permite salir pero no volver a entrar de sus domicilios. Esto está provocando que las unidades familiares se separen y que incluso a los hijos menores no se les permita
estar con alguno de sus progenitores. Asimismo, aseguran que se les está limitando el derecho a las comunicaciones, puesto que no se les permite introducir en sus domicilios móviles, ni cargadores, ni tecnología de ningún tipo.
Del mismo modo, insisten en que se está vulnerando el derecho a la legítima defensa, tras negárseles en la tarde de este jueves el acceso a las viviendas para hablar con sus representados. Los abogados señalan que este cerco se debe a una «orden administrativa» del Ayuntamiento por el que «puede estar incurriendo en un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal» e instan a que cese esta conducta.