El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha acudido este lunes a declarar ante el juez que investiga el caso de las presuntas irregularidades en la extinta Fundación DeSevilla.
Ante el juez, el que fuera delegado de Relaciones Institucionales y patrono de la Fundación ha reiterado que “jamás he utilizado fondos públicos para fines particulares o partidistas”. “Ni siquiera he sido preguntado por el juez ni el Ministerio Fiscal” por esta cuestión, ha explicado a su salida.
Torrijos asegura sentirse “satisfecho, tranquilo y confiado en que quede demostrado que mi actuación no vulneró la legalidad”. “Y esto lo aseguro sereno, plenamente confiado en mi inocencia y en la plena acción de la Justicia”, ha dicho.
El portavoz de IU en el Ayuntamiento asegura haber respondido a todas las preguntas que se le han formulado, excepto a las de la acusación particular del Partido Popular. “Creo haber aclarado todas las cuestiones que me han sido planteadas en la instrucción”, ha expresado. “Mi actuación se ha ajustado a derecho”, ha insistido.
Antonio Rodrigo Torrijos ha acudido a declarar ante el juez en calidad de imputado después de que el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, recogiera en una providencia que, tal y como argumentó el Ministerio Público, «en el procedimiento que nos encontramos puede colegirse con carácter de probabilidad o verosimilitud» que la fundación «fue utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas».
El juez atendió de este modo la petición realizada por los actuales responsables de la fundación, a la que se adhirió la Fiscalía de Delitos Económicos, e imputó a Torrijos en una causa por la que también están imputados Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato, y el ex director gerente de la fundación Miguel López Adán.
La imputación inicial de Carlos Vázquez y Miguel López Adán se produjo después de que la Guardia Civil emitiera un informe en el que advertía de que había detectado que 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento hispalense se destinaron a otros fines.
En este sentido, el juez asevera que esta «participación directa» tuvo lugar «hasta el acto final de la supuesta compensación de las cantidades que no se han justificado por la fundación y sobre las que, sin embargo, ni se ha iniciado expediente de reintegro o investigación alguna».