El Personal Docente e Investigador (PDI) ha dicho “no” a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin negociar con los representantes de los trabajadores.
CCOO ha convocado una asamblea el próximo lunes 15 de julio en la UPO, para explicar la situación ante los Planes de Ordenación Docentes que se han aprobado y las diferentes consecuencias entre aprobar un plan a 320 horas o a 240 horas de carga lectiva, e incluso de no aprobarlo.
Tras la celebración de los Consejos de Departamentos de la Universidad Pablo de Olavide en estos últimos días, una gran mayoría de Departamentos han optado por no aprobar un Plan de Ordenación Docente (POD) que conlleva un aumento del 33% de su carga lectiva en detrimento de la dedicación a otras tareas como la investigación, siendo algunos los que han optado por aprobar un POD con la misma carga de trabajo que el curso pasado en la que el profesorado ya cumple con la jornada de 37 horas y media que marca como tope máximo la legislación vigente para cualquier empleado de la Administración Pública.
Ha sido minoritaria la postura de Departamentos que hayan aprobado un POD con el aumento lectivo y en muchos casos, se alude a cuestiones de «imperativo legal» junto a escritos de protesta mostrando su completo desacuerdo con la actual política de empeoramiento unilateral de las condiciones de trabajo del profesorado universitario en la UPO.
Desde la Sección Sindical de de la UPO del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO, «la primera conclusión que sacamos es que la Comunidad Universitaria ha mostrado su clara repulsa a la política austeridad y de recortes que recae sobre las universidades y la investigación y que tiene su origen en las medidas del Ministerio Wert, así como en los presupuestos de la Junta de Andalucía».
La UPO se ha negado a las 320 horas y ha proclamado una plantilla de PDI que pueda realizar una docencia e investigación de calidad al servicio de la Universidad Pública, evitando así prescindir de parte del profesorado y seguir el acuerdo suscrito por la UPO con la Junta de Andalucía y el resto de Universidades Públicas Andaluzas para la sostenibilidad del sistema universitario andaluz en el que se remarcaba la conservación de la plantilla de profesorado existente.