La entidad bancaria que se hizo con el inmueble solicitó judicialmente el desalojo del edificio ocupado por diversas familias en la denominada ‘corrala’ La Utopía.
Las familias de la ‘corrala’ La Utopía, Ibercaja, el Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta y el Defensor del Pueblo Andaluz, en el papel de mediador, se reunieron este jueves en la tercera mesa de negociación para encontrar una solución. Fuentes del colectivo de apoyo a las familias que ocupan el inmueble, la denominada ‘corrala’ La Utopía, informaron que en el transcurso de este encuentro se dio a conocer que Ibercaja había solicitado una orden de desalojo del inmueble del que se hizo propietaria una vez que las familias llevaban ya varios meses viviendo en él.
Según un comunicado remitido por el colectivo «es incomprensible que Ibercaja solicite el desalojo al mismo tiempo que participa en una mesa de negociación, con lo cual ha estado engañando a las familias y al resto de personas y entidades implicadas en buscar una solución satisfactoria para todas las partes».
Con el objetivo de pedir la retirada de la orden de desalojo hasta la nueva mesa de negociación entre todas las partes que tendrá lugar en abril, y para evitar el desalojo que pudiera llevarse a cabo en cuanto lo dicte un juez, diversos colectivos han iniciado una campaña para presionar a la entidad bancaria. Bajo el nombre «Escrache Ibercaja» han anunciado diversas acciones, como el encierro que ha tenido lugar en una sucursal en la Avenida República Argentina esta mañana. El Defensor del Pueblo Andaluz notificará a la jueza encargada de este caso que las negociaciones siguen abiertas, con el objeto de que no tramite ninguna orden de desalojo.
El colectivo ha pedido a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que «utilice las herramientas legales de las que dispone, impulse la Declaración de Emergencia Habitacional en Andalucía, con medidas urgentes para afrontar esta catástrofe que afecta a miles de familias, entre ellas, la expropiación del uso para todos los inmuebles vacíos de los bancos que no cumplan con la función social a la que están obligados».