El portavoz socialista dice que el alcalde ha perdido “toda credibilidad”, “puesto que al intentar negar lo evidente ha confirmado su existencia”.
El portavoz municipal socialista, Juan Espadas, considera un «error garrafal impropio de ningún representante público la exhibición de listados de trabajadores municipales con nombres y apellidos clasificados en función de su afinidad ideológica, un hecho que viene a confirmar que el PP utiliza como criterio para decidir la continuidad o no de los empleados la información política que de cada uno recabe».
Para Espadas, “resulta aún más grave que sea el propio alcalde el que disponga oficialmente de esa información, de manera que es Zoido quien en primera persona maneja desde su mesa en la Alcaldía los listados de empleados municipales con datos reservados y de carácter privado, permitiéndose además la licencia de lanzar avisos a navegantes como el que hoy mismo ha demostrado».
“Ahora se entiende”, continua Espadas, “por qué ayer no hubo ni un solo desmentido por parte de ninguno de los miembros del Gobierno de Zoido citados en las grabaciones del gerente de Lipasam relacionándolos directamente con la criba política en las empresas públicas. Si ayer ni el delegado de Participación Ciudadana, Beltrán Pérez, ni el de Triana, Francisco Pérez, dijeron nada ni decidieron querellarse contra el gerente pese a la gravedad de sus afirmaciones, es porque consideran que reflejan fielmente un procedimiento no sólo consentido sino diseñado desde la dirección política del PP que tiene su epicentro, como indica el propio gerente de Lipasam, en los distritos”.
Por último, el jefe de la oposición plantea como de evidente ceguera política que demuestra lo alejado que está el alcalde de la realidad de la calle y de la actualidad de la ciudad que hable de paz social después de lo vivido hoy con jubilados a las puertas del Ayuntamiento, cuando tiene rotas las relaciones con el Comité de Empresa, mantiene juicios abiertos por despidos improcedentes en Emvisesa y Lipasam, no ha resuelto conflictos laborales con bomberos o policías, y hasta hay un laudo del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) que censura como «gravísima intromisión» y «violación del ordenamiento jurídico» la actitud del PP en la elección del comité de empresa de Sevilla Global”.