Sostienen que “ha incrementado la calidad de vida y los derechos fundamentales de los vecinos” y que su eliminación supondría “desaprovechar una importante inversión pública”.
Distintas asociaciones ecologistas y defensoras de la figura del peatón han solicitado a la nueva corporación municipal, que este pasado sábado tomó posesión de su cargo en la sesión plenaria constitutiva celebrada en el Salón Colón del Ayuntamiento, que mantenga el plan del centro “hasta que encuentre una solución alternativa y real a los problemas de saturación del tráfico existentes en la actualidad”.
De esta forma, la Asociación de Peatones de Sevilla, la Asamblea Ciclista Acontramano, la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico, el Foro de Vida Independiente y Divertad y Ecologistas en Acción, sostienen que “la regulación del tráfico enmarcada en el Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental ha significado un pequeño pero necesario avance en la racionalización del uso y el disfrute del espacio público, que ha incrementado la calidad de vida y los derechos fundamentales de nuestros vecinos y visitantes en todo lo relativo a la mejora del medio ambiente, la accesibilidad universal, la seguridad vial, la salud pública, el patrimonio histórico sevillano o los derechos de los niños y los ancianos de nuestra ciudad”.
Según firman las distintas entidades en nota de prensa, “la eliminación del control de acceso de vehículos privados a motor en el centro de Sevilla, además de significar un importante retroceso en la calidad de vida de la zona, significaría desaprovechar una importante inversión pública totalmente operativa en el momento actual y pagada con el dinero de los contribuyentes. En un momento en que se apremia por el ahorro presupuestario, poner en marcha y desmontar esta infraestructura en menos de seis meses supondría un enorme derroche de dinero público”.
Las asociaciones insisten en que “es importante recordar que este tipo de medidas de control del tráfico se ha enmarcado dentro de las recomendaciones técnicas habituales en la gestión actual de la movilidad urbana sostenible por lo que su derogación se opondría directamente a las políticas de movilidad desarrolladas desde hace años en ciudades españolas tan variadas como Madrid, Barcelona o Málaga”.