Tras las recientes polémicas, ya constantes, la empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM) tenía los días contados. Y la cuenta atrás terminó en junio de 2013.
Alcalá Comunicación Municipal (ACM) fue creada a comienzos de la década pasada por el gobierno de Antonio Gutiérrez Limones bajo la encomienda de gestionar la comunicación y la imagen pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Durante más de diez años, la empresa ha empleado supuestamente cuantiosos fondos públicos y ha sido usada por sus gestores como sociedad instrumental para cosas tan diversas como la compra de material deportivo o la organización de concursos de belleza. Asimismo, ACM ha costeado facturas de dudosa justificación como pagos a constructoras y elevadas sumas a restaurantes.
Asimismo, entre las denuncias de la oposición, está la de haber financiado con dinero público procedente del Ayuntamiento la edición, publicación y reparto del periódico ‘El Guardián’, empleado para difundir las noticias del PSOE, excluyendo a toda la oposición o entidades críticas con el gobierno local.
Precisamente, ACM ha sido en los últimos años objeto de diversas críticas de la oposición por los altos montantes económicos destinados por el gobierno socialista alcalareño mediante transferencias a esta sociedad municipal que además de gestionar la emisora de radio pública, Radio Guadaíra, ha venido editando la revista municipal mensual ‘La Revista de Alcalá’, así como organizando u ofreciendo soporte en el ámbito comunicativo a actos municipales.
Pero la oposición alcalareña, formada desde 1999 por PP, PA e IU, siempre ha dirigido sus denuncias hacia ACM –y en especial hacia su gerente- amparándose en el uso de ‘cajón de sastre’ de esta empresa pública. Las denuncias han sido diversas por casos como el de las vallas publicitarias procedentes de las obras del Plan E, del gobierno de Zapatero. Entonces el PA denunció el uso por parte de ACM de más de una docena de vallas públicas que, sin encomienda ni autorización formal alguna por parte del Ayuntamiento, venía gestionando la empresa de comunicación para sus campañas publicitarias.
100% de capital público
Cabe recordar que la empresa era una sociedad anónima, regulada por el derecho mercantil, aunque ha contado con el 100% de su capital público. El Consejo de Administración ha contado con representantes de PP (desde sus inicios), PA (hasta 2007) y de IU (desde sus inicios), aunque la mayoría siempre la ha ostentado el gobierno local del PSOE. Asimismo, el máximo órgano de la entidad, la Junta General de Accionistas, lo han conformado los ediles de la Corporación municipal, en la que durante los doce años de historia de ACM el alcalde ha gozado de una mayoría absoluta incontestable.
Ya a finales del pasado año, también el PA denunció el supuesto uso irregular de ACM para la compra de ropa deportiva, pese a no ser objeto de la misma, y por emitir posteriormente una factura a pagar por el propio ayuntamiento, pese a ser una sociedad privada aunque de capital público.
El gobierno local insiste en que ACM ha sido durante muchos años la entidad instrumental dedicada a desarrollar eventos en la ciudad que «fomentaban la participación, el asociacionismo o el deporte, y que dieron a conocer los recursos de la localidad fuera de nuestras fronteras, como ciudad organizadora de exposiciones y congresos y eventos de carácter nacional o internacional» y «no es sólo una sociedad de comunicación como muchas veces se quiere hacer ver», añade.
Sin embargo a raíz de que el Gobierno central aprobara el Plan de Ajuste derivado de la aprobación del Plan de pago a proveedores en febrero de 2012, que recogía la necesidad de disolver todas las empresas con pérdidas por debajo de la mitad del capital social, el Ayuntamiento se vio obligado a liquidar la sociedad.
Liquidación de ACM
El gobierno de Limones llegó a celebrar que en la Junta General la comisión liquidadora diera cuenta, «tal y como marca la ley», de todas las actuaciones que ha venido realizando para poder llevar a cabo la liquidación, “siguiendo las instrucciones recibidas por la Junta General y del Pleno de salvaguardar los puestos de trabajo y pagar a todos los deudores de la sociedad”.
Grupos de la oposición como el PP criticaron que con la disolución de ACM se hace “un borrón y cuenta nueva para continuar con su actividad dentro de otra sociedad municipal, Innovar Alcalá”, que será la empresa pública que absorba a toda la plantilla de ACM, incluida, la directiva, con la que la oposición se ha mantenido especialmente beligerante por las continuas transferencias de dinero público que requería esta sociedad, en torno al millón y medio de euros cada año.
Asimismo, también denunciaron la quita que el Consistorio estaba concediendo a determinados proveedores así como la transferencia de 450.000 euros desde las arcas públicas que se concedía a la empresa para su liquidación.
Con todo, el proceso de liquidación no fue sencillo. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra convocó una Junta General ordinaria para aprobar la liquidación de la sociedad anónima municipal pero se vio forzado a convocar media hora antes otra Junta General, en este caso, extraordinaria, después de la petición conjunta de todos los partidos de la oposición –PP, PA e IU- en el Consistorio.
PP, PA e IU denunciaron su exclusión de la Junta Liquidadora de la empresa local, hasta el punto de presentar el pasado 24 de mayo la petición de una Junta General Extraordinaria de ACM. La intención de los partidos era poder conocer las facturas y deudas contraídas por la sociedad municipal y a las que el Ayuntamiento debía hacer frente antes de ejecutar su liquidación por completo.
Los portavoces de los tres grupos opositores denunciaron entonces que “el equipo de Gobierno ha tratado por todos los medios de ocultar a la oposición las condiciones en las que se estaba llevando a cabo”, así como “tampoco ha querido facilitar ningún tipo de documentación ni explicación de las decisiones que se están tomando». El PSOE, por su parte, argumentaba que la comisión liquidadora trabajaba en todo momento cumpliendo con lo establecido por la legislación mercantil.
En este Junta Extraordinaria, los portavoces solicitaron conocer las cuentas y la actividad de la comisión liquidadora y rechazaron en la votación las cuentas de la liquidación de la empresa pública.
El PSOE se queda solo
No obstante, y como estaba previsto, el equipo de Gobierno socialista logró sacar adelante sólo con sus votos la liquidación de la sociedad anónima municipal ‘Alcalá Comunicación Municipal’. Con la ausencia de una concejal popular por enfermedad, y de la concejal no adscrita Laura Ballesteros, el PSOE tenía la mayoría absoluta para dar por válidas las cuentas de la empresa y la actividad de la comisión liquidadora, integrada exclusivamente por los socialistas.
Toda la oposición en bloque reiteró la petición de aplazamiento para la celebración de ambas Juntas argumentando lo que ya se puso en conocimiento del ejecutivo, la falta de documentación y la imposibilidad de asistencia de una de las concejales populares que se encontraba ingresada tras un parto con complicaciones.
Investigación en curso
Fue a comienzos de septiembre, además, cuando el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla anunció la admisión a trámite de la demanda presentada por el Partido Popular y el Partido Andalucista de Alcalá de Guadaíra en la que solicitaban la impugnación de los acuerdos de liquidación de la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal.
Ya entonces, el juzgado dispuso que, a la vista de los datos y la documentación aportada, la parte demandante reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales, necesarios para comparecer en juicio.