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El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales «beneficiará a más de 360.000 menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes que residen en nuestra provincia», ha calculado el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano. En su opinión, esta ley «trata, por una parte, de crear un marco normativo que permita a los menores relacionarse en los entornos digitales de la manera más segura posible y, por otro, dar respuesta a la preocupación de las familias, que exigen mayor protección para sus hijos».
En este sentido, «la norma incluye medidas de tipo educativo, sanitario y el establecimiento de controles parentales gratuitos, así como de prevención de adiciones, entre otros, para dar respuesta a una realidad social cada vez más acuciante, que es la de proteger a los menores cuando se relacionan en el ámbito digital», ha indicado el subdelegado.
La norma de entornos digitales en menores es «una iniciativa pionera en Europa, ya que el proyecto prevé la reforma del Código Penal para penalizar tanto los deepfakes de contenido sexual, como el grooming (el engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia, sobre todo en términos de edad), que será un agravante para ciertos delitos sexuales». Se incorpora también la pena de prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales, que evitará, en gran medida, tanto la revictimización como la reincidencia.
Entornos digitales seguros
La norma reconoce los derechos de las personas menores a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, la información veraz, a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías y de los riesgos asociados, así como al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales. A este respecto, incluye obligaciones para los fabricantes, como incluir sistemas de control parental accesibles y gratuitos, activados por defecto, en los dispositivos digitales. Además, prohíbe con carácter general el acceso por parte de las personas menores a los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas.
En el ámbito educativo, recoge iniciativas de fomento de las competencias digitales y del uso responsable de las tecnologías y prevé que los centros educativos cuenten con una regulación expresa sobre el uso de dispositivos móviles y digitales en el aula, así como en el resto de actividades e instalaciones escolares. En el ámbito sanitario, la Ley obliga a las administraciones competentes, por ejemplo, a elaborar protocolos de atención específicos ante comportamientos adictivos hacia la tecnología.
La norma también impone obligaciones a todos los poderes públicos con la promoción del acceso libre e igualitario al mundo digital y la elaboración de una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, a cargo del Ministerio de Juventud e Infancia. Además, ahonda en la protección ante cualquier tipo de violencia de género o sexual en el ámbito digital, al reconocer la condición de víctima y, por tanto, sus derechos y el acceso pleno a los servicios de información y orientación, de acogida y asistencia psicológica, social y jurídica.
Reformas legislativas y obligaciones a influencers
A todo ello, se suma la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales para aumentar la edad de consentimiento para el tratamiento de estos datos, de los 14 a los 16 años; y la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual para imponer obligaciones a los grandes operadores de la comunicación y a los influencers como, por ejemplo, utilizar sistemas de verificación de edad, separar los contenidos que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita o a establecer enlaces a los canales de denuncias.
Además, se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para permitir la intervención judicial a la hora de ejecutar la medida de interrupción de un servicio digital que ofrezca un acceso ilimitado a contenido perjudicial para las personas menores, o la de retirada de dicho contenido.