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El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor ha citado para el próximo 20 de febrero a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, para su comparecencia como investigado en calidad de representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria. Todo ello, en la causa relativa a los ocho pozo supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en Aznalcázar, y gestionada por dicha sociedad.
En un auto del 31 de enero, dicha instancia además decreta el precinto de los pozos en cuestión, así como «la retirada de las bombas y demás equipos instalados en esos pozos que tengan como fin la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir».
Según el juzgado, «los hechos investigados serían por un posible delito contra el medio ambiente en relación con la existencia de ocho pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la finca Aljobar en Aznalcázar y propiedad de la sociedad Eurotecnia Agraria, precintados recientemente por la autoridad administrativa al usarse ilegalmente y no estar dotados de los preceptivos contadores volumétrico».
La empresa lo niega
En octubre de 2023, la empresa reaccionaba a esta investigación incoada por el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor por una denuncia de la Fiscalía contra la entidad y contra Eugenia Martínez de Irujo como presidenta de la misma, según el Ministerio Público, por los citados ocho pozos supuestamente ilegales en Aljóbar. De este modo, se desligaba a la aristócrata Eugenia Martinez de Irujo de la gestión de la entidad y asegurando que la extracción de agua «en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG».
En un comunicado, Eurotecnia Agraria aseguraba que Luis Martínez de Irujo «es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar», defendiendo que Eugenia Martinez de Irujo «no ha participado nunca en la gestión de la explotación» agrícola de naranjos de dicha finca.
Posible «impacto colateral» en Doñana
El juzgado, de su lado, detecta posibles «indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, y exponiéndose en la pericial que una sobrexplotación del acuífero puede causar daños ambientales como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas».