En el marco del debate público y político en torno a la navegación de la narcolanchas por el río Guadalquivir, un auto del Tribunal Supremo (TS) emitido en junio de 2021 refleja una investigación de la Guardia Civil contra una organización dedicada al tráfico de drogas. Entre las operaciones indagadas se incluye una embarcación «cerca» del estadio de la Cartuja, en las inmediaciones de Sevilla capital y constatando que la citada narcolancha alcanzó las costas de Marruecos y regresó por el río hasta La Algaba, con unos 3100 kilos de hachís a bordo.

El juez instructor, según este auto, optó por inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al considerar que las diligencias habían arrojado la existencia de «una organización criminal permanente y estable en el tiempo, con actuaciones que afectan a más de una audiencia provincial». Después de que la Audiencia Nacional no aceptase esta inhibición, el TS detallaba en este auto que la organización investigada usaba «una nave del polígono Príncipe de Gales de Isla Mayor, perteneciente al partido judicial de Coria, como guardería de embarcaciones semirrígidas utilizadas para el transporte de drogas».

En dicha narcolancha, allá por noviembre de 2018, «llevaron a cabo actuaciones previas para el traslado de un alijo desde Marruecos, el cual se abortó ante la interrupción del Servicio Marítimo de Cádiz», que perseguía a una embarcación de esta red. Esto motivó a que los pilotos de la misma saltasen al agua para después desaparecer y que las cerca de 20 personas que esperaban en la nave «salieran huyendo del lugar».

«Traslado» de la base de la narcolancha a Villamanrique

Tras ello, la organización «trasladó su base de operaciones a una nave alquilada Villamanrique de la Condesa», donde los agentes encargados de la investigación descubrieron que los miembros de la red almacenaban los estupefacientes y acometían la reparación de embarcaciones semirrígidas destinadas al tráfico de drogas. Según las pesquisas de la Guardia Civil, las personas que operaban en esta nave eran «las mismas» que las huidas de Isla Mayor, quienes también «utilizaron una nave en el polígono de Pilas», igualmente «para la guarda y traslado de embarcaciones semirrígidas».

Según este auto del Supremo, las diligencias policiales daban cuenta de diversas operaciones de la red, como la botadura de una embarcación extraída de la nave de Villamanrique en la localidad de Almayate (Málaga) en diciembre de 2018. A esto, se suma la introducción de una embarcación en la citada nave en enero de 2019, una botadura en Isla Cristina con destino a las costas de Marruecos «para cargar el alijo correspondiente». Esta operación se saldó con el naufragio de la embarcación, el rescate de sus tres tripulantes y la llegada de 84 fardos de hachís a las costas de Gibraltar fruto de las corrientes marinas. Otra botadura de otra embarcación procedente de la nave de Villamanrique se produjo «cerca del estadio olímpico de Sevilla» en abril de 2019.

Más de 3000 kilos de hachís

Según las diligencias, esta embarcación «se dirigió a las costas de Marruecos para cargar el alijo correspondiente», regresando la nave el 3 de abril remontando el Guadalquivir, para desembarcar en La Algaba, donde los tripulantes de la embarcación «abandonaron la mercancía al ser descubiertos», tras lo cual fueron intervenidos 3100 kilos de hachís que transportaban.

«La incautación de droga en localidades fuera de la provincia de Sevilla obedece a que la misma se abandona ante la persecución policial, fuera de dicha provincia, logrando huir en todos los casos los autores, y no porque fuesen esos lugares el destino de la droga», indica el Supremo.