La Justicia está investigando una serie de denuncias presentadas en varias localidades de Sevilla, como Pilas, Sanlúcar la Mayor y Utrera, relacionadas con una posible estafa en el alquiler de pisos turísticos.
El Tribunal Supremo emitió una sentencia el 13 de junio, donde aborda un conflicto entre dos juzgados: uno en Utrera y otro en Madrid. El caso se originó por una denuncia sobre el alquiler de una vivienda vacacional en Chipiona, que se pagó a través de Bizum por 400 euros. Sin embargo, la vivienda no existía. Según la investigación, dos mujeres de Mérida (Badajoz) estarían involucradas en el fraude, ya que la cuenta bancaria a la que se transfirió el dinero está vinculada a su domicilio.
Después de esta denuncia, se identificaron cuatro casos similares en diferentes localidades, como Sevilla, Sanlúcar la Mayor, Madrid y Pilas. Ante esto, el juzgado de Utrera decidió pasar el caso al juzgado de Madrid, argumentando que los hechos delictivos ocurrieron allí. Sin embargo, el juzgado de Madrid rechazó la competencia, ya que no se comprobó que los perjuicios se hayan producido en Madrid.
El Tribunal Supremo señaló que la información disponible es insuficiente para decidir cuál juzgado debería encargarse del caso, ya que no está claro qué se está investigando en Madrid o si el denunciante vive en Utrera, lo que dio origen a la investigación de la Guardia Civil. Además, aunque los presuntos estafadores residen en Mérida y existen varias investigaciones abiertas en diferentes localidades, no se puede determinar claramente qué juzgado debería asumir el caso.
Por esta razón, el Tribunal Supremo decidió que, debido a la falta de datos, no es posible aplicar criterios habituales para determinar la competencia, como la ubicuidad o la funcionalidad de la investigación. Por lo tanto, rechazó la solicitud del juzgado de Utrera de transferir el caso al juzgado de Madrid.