La justicia abrió este lunes un plazo de cinco días para que el Ayuntamiento informe de los bienes del patrimonio municipal que no sean de servicio público, a fin de ejecutar por vía de apremio la sentencia de un despido improcedente cuya indemnización, después de tres años de procesos judiciales, supera los 90.000 euros.
Juan C. Romero. No hay marcha atrás, el plazo termina mañana. El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos está obligado a facilitar esta semana un informe con todos los bienes patrimoniales de la administración local que no sean de servicio público, y nombrar a la persona que se hará responsable de dar cumplimiento a una sentencia por despido improcedente que, tras ser recurrida por al corporación, fue confirmada en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Así lo ha dispuesto la magistrada del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, quien resolvió dar un plazo máximo de cinco días al ayuntamiento (desde el lunes 8 de febrero hasta mañana) para que entregue al tribunal «cuantos documentos y datos tengan en su poder» y preste su colaboración en la ejecución de esta sentencia, advirtiéndo de la «la imposición de multas coercitivas periódicas a quienes no presten la colaboración requerida».
Con dicho informe la justicia debe valorar las posesiones municipales y en base a ellas embargar cuanto sea necesario para la ejecución por vía de apremio de la sentencia firme que estableció una indeminización de 73.894 euros, 5.292 en concepto de salarios de tramitación –los que no cobraron entre el despido y el fallo–, y ampliada en octubre del año pasado con 7.389 por intereses devengados, 500 euros de las costas derivadas de la impugnación del recurso ante el TSJA, así como 3.000 euros en letrados.
El de Marina Falcón es uno de los despidos declarados improcedentes por los juzgados de lo social que se remontan al año 2007 cuando tomó posesión el nuevo equipo de Gobierno municipal formado por cuatro concejales de PSOE y dos del PP. El alcalde, Segundo Benítez, dispuso el 31 de julio de 2007 el despido de esta empleada «sin que existiera causa que justificara la temporalidad del contrato ni se acreditaran los motivos del cese» según el fallo. Tras interponer un recurso, fue el Tribunal Superior de Justicia el que confirmó la sentencia a finales de 2008.
Eran «cargos de NIVA»
En suma, la decisión de despedir a esta empleada después de tres años de procesos judiciales, costará más de 90.000 euros. Ante la falta de liquidez de la administración municipal sumida en una profunda crisis económica, y no habiéndose abonado en los plazos fijados por la juez con anterioridad, deberán ser satisfechos con el primer embargo de bienes del patrimonio local que se produce en el Ayuntamiento de Castilblanco.
Por su parte, la ya ex empleada mostró su «alivio» ante la orden de ejecución de la sentencia porque «se pone fin a una situación que se ha alargado desde julio de 2007, tiempo en el que el alcalde se ha reído de mis derechos, y ha mostrado un total desprecio hacia la Justicia haciendo oídos sordos a las diferentes sentencias y comunicaciones, a causa de lo cual el pueblo va a tener que afrontar además de la indemnización, los gastos de los recursos al Tribunal Superior de Justicia e intereses de demora», concluye, asegurando que «tanto en mi caso como en el de otros compañeros fueron despidos por causas ideológicas».
Falcón encadenaba contratos a tiempo parcial como cuidadora de guardería municipal desde el 21 de octubre de 1985, aunque desde esa fecha ejerció como directora del jardín de infancia, un empleo que no abandonó cuando fue nombrada asesora cultural, cargo de confianza que le concedió el ex alcalde Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda Verde Andaluza) en 1989.
Con relación a los despidos, el concejal de Personal, José Manuel Carballar (PSOE) expuso que se trataba de «cargos de NIVA contratados en fraude de ley, como dicen las sentencias» por el anterior alcalde, quien incluso «renovó el contrato cuando ya ejercía en funciones».