El arrestado, Julio Mateos Palacios, se había apropiado de cuantiosas sumas de dinero aprovechando su cargo en una junta de compensación urbanística de la localidad sevillana de Almensilla, un desfalco que podría afectar a unas 600 familias.
Julio Mateos Palacios, desaparecido desde mayo de 2015 tras confesar que se había apropiado de una importante suma de dinero perteneciente a la junta de compensación del conocido Sector F de Almensilla (Sevilla), ha sido finalmente detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto de Madrid Barajas, tras ser deportado por las autoridades migratorias de la República Dominicana al encontrarse allí en situación administrativa ilegal.
Según informan agencias, mientras el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Coria del Río, que indaga el presunto desfalco de varios millones de euros de las cuentas de la junta de compensación del Sector F, dictó en su contra una orden internacional de búsqueda y detención y el pasado mes de febrero la Policía Nacional tenía localizado a este hombre en la República Dominicana, su detención responde a una operación coordinada entre diferentes departamentos policiales.
La Policía Nacional ha informado en una nota que el arrestado tenía una Orden de Detención Europea e Internacional por la apropiación, desde el año 2006, de cuantiosas sumas de dinero aprovechando su cargo en una junta de compensación urbanística de la citada localidad sevillana, un desfalco que podría afectar a unas 600 familias.
Esta persona ha sido detenida a su llegada a Barajas, tras ser deportada por las autoridades migratorias de la República Dominicana por encontrarse allí en situación administrativa ilegal. Además, le constan otras dos causas judiciales por estafa y delito contra la salud pública, ya que comercializaba con aceite de oliva virgen extra adulterado con aceite de semillas, orujo y aceite lampante, no apto para el consumo humano.
600 familias afectadas por el Sector F
Los hechos se iniciaron en enero de 2006, en la localidad sevillana de Almensilla, donde el arrestado estaba al cargo de una junta de compensación urbanística y figuraba como autorizado en las cuentas de esta entidad. Se trata del Sector F, una entidad de desarrollo urbanístico en la que el presidente y el secretario de la junta de compensación formularon a finales de mayo de 2015 una denuncia contra el tesorero de la misma, Julio Mateos Palacios.
Según la Policía, desde que accedió al cargo y hasta mayo de 2015, prevaliéndose de su posición, se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero, llegando incluso a reconocer en un correo remitido al secretario- presidente de dicha junta que se había apropiado de 2.500.000 euros que tenían para pagar a una entidad bancaria.
Se estima que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, con un gran número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias. Desde el momento en el que este correo fue enviado, el detenido se encontraba en paradero desconocido.
Las primeras pesquisas revelaron que esta persona estaba residiendo en la República Dominicana, lugar desde donde se dedicaba a la comercialización de aceite de oliva a través de las sociedades de las que figuraba como administrador. Su situación administrativa en aquel país era de ilegal, por lo que las autoridades dominicanas procedieron a su deportación y repatriación poniendo los hechos en conocimiento de las respectivas Oficinas Centrales de Interpol Santo Domingo y Madrid, contando con la asistencia de la Agregada de Interior en el país caribeño.
Aceite de oliva virgen extra adulterado
El fugitivo también estaba siendo buscado por otros dos juzgados de Sevilla por un presunto delito de estafa y por un presunto delito contra la salud pública. Esta última causa se originó al detectarse que algunas de las numerosas empresas en las que ostentaba cargos mercantiles, se dedicó a la venta de aceite de oliva virgen extra adulterado que, -si bien en un principio ofrecía una calidad a un precio competitivo-, finalmente, y bajo el mismo etiquetado, contenía aceite de semillas o de orujo, e incluso aceite lampante -usado como combustible para lámparas- y no apto para el consumo humano. Por estos hechos se procedió a la detención de un hermano, su hija y su yerno y se procedió a la retirada del mercado de los aceites comercializados por sus empresas.
Además, a nivel policial, también le constaba una Orden de Detención y Personación interesada por Medios de Pago de la Brigada Regional de Policía Judicial de Sevilla.
La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Localización de Fugitivos Nacionales de la Sección Operativa de Relaciones Internacionales perteneciente a la Brigada Central de Apoyo Operativo de las Secretaría General de Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Policía Judicial del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la Oficina Central Nacional de INTERPOL-Madrid y la Agregaduría de Interior de España en República Dominicana.
A disposición judicial
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Coria del Río está a la espera de que las fuerzas del orden le entreguen (posiblemente mañana) para tomar declaración a Mateo Palacios, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota.
Sobre él, había una orden internacional de búsqueda y captura, acordada por la titular de este Juzgado, desde que el hombre huyó cuando estaba siendo investigado por los presuntos delitos de apropiación indebida agravada, falsedad documental y delito societario.
Julio Mateo Palacios fue deportado desde República Dominicana por cuestiones administrativas, y detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado lunes. Este pasado martes, el Juzgado de Madrid al que llegó la causa se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción Nº1 de Coria del Río, cuyo juez ahora, tras escuchar en los próximos días la declaración del detenido, decidirá sobre su situación personal dentro del proceso.
El ahora detenido tiene otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Sanlúcar la Mayor, que le investiga por un presunto delito contra la salud pública.