El gobierno del que formaba parte el actual portavoz socialista, Antonio Pinelo, tomó esta decisión obviando todos los informes técnicos, según el PP.
El pleno del Ayuntamiento de Carmona ha aprobado revisar un acuerdo adoptado por el anterior gobierno socialista en el año 2010, mediante el que se le perdonaron cerca de 800.000 euros en el Impuesto de construcciones a una empresa interesada en construir una planta solar en la localidad.
Los hechos se remontan a octubre de 2010 cuando la Junta de Gobierno Local, presidida entonces por el anterior alcalde socialista Antonio Cano, decidió admitir el recurso presentado por una empresa para no abonar 775.000 euros al Ayuntamiento en concepto del impuesto de construcción, instalaciones y obras (ICIO) de la citada planta solar.
El gobierno socialista, del que formaba parte el actual portavoz socialista Antonio Pinelo como director máximo de Urbanismo, decidió eximir del pago de esos cerca de 800.000 euros, a pesar de los informes negativos de los técnicos del Ayuntamiento y de la consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, que indicaban expresamente que la empresa debía abonar dicha cantidad atendiendo a la normativa legal.
Este hecho se ha conocido ahora tras la revisión que el actual equipo de gobierno está realizando de todos los expedientes de solicitudes de bonificación del ICIO presentados en el Ayuntamiento con el objetivo de descubrir si se han aplicado siempre los criterios legales y técnicos. Y curiosamente, debido al empeño del portavoz del grupo municipal socialista en aplicar el máximo de bonificación en el citado impuesto a otras empresas, en contra de nuevo de los informes técnicos existentes.
Ante esta revelación, el Pleno ha acordado iniciar el procedimiento para revisar de oficio el acuerdo y declarar nula la decisión del anterior gobierno. Asimismo, al amparo de la Ley de Transparencia, Acceso a la información y Buen gobierno y tal como señala un informe de los técnicos municipales, los hechos se van a poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado por si estos pudiesen ser constitutivos de un delito y depurar posibles responsabilidades.
Desde el grupo municipal Popular consideran de extrema gravedad esta decisión totalmente discrecional y arbitraria, sin justificación legal alguna y adoptada por el gobierno socialista en contra de todos los informes técnicos; el mismo gobierno que dejó sin pagar más de 3.000 facturas a empresas locales y generó una deuda de más de 18 millones de euros.
El PP exige al PSOE de Carmona que «asuma su responsabilidad política ante este hecho que desacredita políticamente, entre otros, al actual portavoz del grupo municipal socialista y Director de Urbanismo en 2010».