Un hombre asesina a su mujer en Sanlúcar la Mayor en presencia de su hijo menor
9 mujeres muertas por violencia machista en Andalucía en 2015
Responsables e instituciones coinciden en fomentar las campañas de sensibilización y piden una reacción social para acabar con la violencia de género.
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha condenado este nuevo crimen de violencia de género y ha lamentado esta realidad que sigue cobrándose vidas y sigue vulnerando los derechos humanos de las mujeres, por lo que ha pedido una reacción social e institucional ante el «sentimiento de impunidad» que tienen los agresores.
Por su parte, la directora general de Violencia de Género, Ángeles Sepúlveda, ha señalado que esta realidad continuará hasta que sociedad e instituciones «erradiquen la estructura patriarcal y machista en la que se basa», y que sigue reproduciendo «el rol de dominación y superioridad del hombre en el ámbito privado y público, la imagen de inferioridad de la mujer”.
La directora ha señalado que la eliminación del maltrato machista debe ser un asunto «prioritario» en la actualidad mediática, en la agenda política y en la conciencia social.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tras este nuevo episodio de violencia de género ha insistido en la necesidad de profundizar en las campañas de sensibilización social “para que las mujeres y su entorno reconozcan las situaciones de malos tratos y se identifiquen como víctimas”, ya que “sólo así las podemos proteger”.
Sepúlveda y Sanz han hecho hincapié en las diferentes propuestas por parte de la Junta de Andalucía (Pacto de Estado nacional para la erradicación de la violencia de género) y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para dar difusión masiva a sus campañas a través de los equipos de fútbol de primera y segunda división, mediante convenios provinciales entre los clubs y las subdelegaciones del Gobierno.
Finalmente, Sanz ha calificado como “un paso crucial” la reforma de la Ley de Medidas contra la Violencia de Género impulsada por este Gobierno, con la que se califica a los menores como víctimas, tanto a efectos de seguimiento como en las ayudas y tratamientos posteriores que tienen derecho a percibir.