El Delegado del Gobierno en Andalucía ha insistido en la importancia de visualizar a los menores como víctimas, directas e indirectas, de esta lacra social.

El delegado del Gobierno en Andalucía, ha condenado hoy el nuevo crimen por violencia de género ocurrido en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, al tiempo que ha insistido en la necesidad de profundizar en las campañas de sensibilización social “para que las mujeres y su entorno reconozcan las situaciones de malos tratos y se identifiquen como víctimas”, ya que “sólo así las podemos proteger”. 

De las 9 mujeres muertas por violencia de género en Andalucía en lo que va de año  (45 en España), solo 2 habían presentado denuncia previa, aunque no habían continuado con el proceso ante la autoridad judicial, que por tanto no había ordenado medidas de protección.

Sanz ha expresado su convencimiento de que “hay que profundizar en las campañas de sensibilización para que las víctimas y su entorno social sean capaces de identificar las situaciones de malos tratos y los riesgos”, porque “deben denunciar para que las podamos proteger”. Además, ha explicado que, “una vez que se denuncia, es fundamental que las víctimas se mantengan firmes en la continuidad del proceso”.

A este respecto ha calificado como “muy innovadora y esperanzadora” la iniciativa de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de dar difusión masiva a sus campañas a través de los equipos de fútbol de primera y segunda división, mediante convenios provinciales entre los clubs y las subdelegaciones del Gobierno. Hasta ahora se han suscrito protocolos en Jaén y Sevilla y mañana se hará en Almería.

Finalmente, el delegado ha puesto de manifiesto la importancia de “visualizar a los menores como víctimas, directas e indirectas, de la violencia de género, en ocasiones por el riesgo que representa para sus propias vidas y, en todos los casos, por las secuelas psicológicas irreparables que les depara”.

Por ello, ha calificado como “un paso crucial” la reforma de la Ley de Medidas contra la Violencia de Género impulsada por este Gobierno, con la que se califica a los menores como víctimas, tanto a efectos de seguimiento como en las ayudas y tratamientos posteriores que tienen derecho a percibir.